El caso Vía Aurelia dejó hace tiempo de ser solamente una discusión ambiental o administrativa. Y acá conviene ser claros: si existieron irregularidades ambientales, deben corregirse y controlarse.

El caso Vía Aurelia dejó hace tiempo de ser solamente una discusión ambiental o administrativa.

Y acá conviene ser claros: si existieron irregularidades ambientales, deben corregirse y controlarse. Nadie discute eso. El ambiente no puede relativizarse.

Pero justamente por eso aparece otra pregunta inevitable: ¿en qué momento este expediente dejó de ser un tema técnico y comenzó a transformarse en un hecho político?

Porque una cosa es exigir controles y otra muy distinta es convertir un expediente técnico en una disputa pública de enorme escala.

La resolución del ENRESP no sólo sanciona. También amplía interpretaciones sobre sus propias facultades, avanza sobre conceptos novedosos como el de “operador de hecho” y extiende el alcance regulatorio del organismo sobre actividades que históricamente estuvieron bajo órbita municipal, ambiental o hídrica.

Eso ya no parece únicamente técnico.

Pero además aparece otro dato llamativo.

Si el problema es esencialmente ambiental, cuesta entender por qué prácticamente no hubo declaraciones públicas visibles de la Secretaría de Ambiente de la Provincia ni tampoco un rol claramente expuesto de las áreas ambientales municipales.

El silencio de los organismos específicamente ambientales contrasta con el enorme protagonismo asumido por el ENRESP, que terminó ocupando el centro político y mediático del caso.

Y ahí aparece otro debate.

Porque además de la sanción, también comenzó a construirse un relato público alrededor del expediente. Y eso es justamente lo que empieza a llamar la atención.

La velocidad de instalación mediática, la exposición pública del caso y la construcción discursiva alrededor de la empresa muestran que el expediente rápidamente dejó de ser solamente técnico.

Y cuando alrededor de un expediente empieza a construirse un relato político, aparecen preguntas inevitables.

Porque todo lo que puede escucharse desde la empresa apunta a que las correcciones deben hacerse y que las inversiones ambientales deben realizarse.

Ninguna empresa destruye deliberadamente el lugar donde desarrolla su actividad, invierte y construye valor. Cuidar el entorno también es cuidar su propia sustentabilidad.

Entonces surge otra pregunta: ¿en qué momento se perdió el diálogo?; ¿Cómo se pasó de una discusión técnica sobre adecuaciones y controles a un escenario de confrontación pública y utilización política del expediente?

Y tampoco puede ignorarse otro antecedente.

No es la primera vez que en Salta se observa un fuerte nivel de exposición, presión pública y conflictividad política alrededor de una desarrolladora inmobiliaria en discusiones impulsadas públicamente por el presidente del ENRESP, Carlos Saravia.

Eso también obliga a mirar el contexto completo.

Porque cuando determinados expedientes comienzan a adquirir un volumen político desmedido, los organismos técnicos corren el riesgo de perder neutralidad.

Y ahí aparece el verdadero problema.

Que lo político empiece a pesar más que lo técnico.

Aries