La palabra empeñada de Emiliano Durand se desvanece frente al drama de 32 familias salteñas que, tras ser inducidas a un retiro voluntario bajo falsas promesas de continuidad, hoy se encuentran en la calle.
En diálogo exclusivo con EL INTRA, el delegado Sebastián Sánchez relata la desesperación de trabajadores con décadas de antigüedad que fueron «descartados» por una gestión que priorizó el negocio inmobiliario sobre la dignidad humana.
Los trabajadores denuncian una maniobra política y empresarial que ha dejado a decenas de familias en el desamparo más absoluto. «Somos 32 empleados en total, los que quedamos descartados», sentenció Sánchez, detallando que entre 24 y 25 de ellos mantienen una lucha incansable por la reincorporación o reubicación, tras haber sido víctimas de un engaño orquestado desde la Intendencia.
Una promesa rota y la «estafa» del retiro voluntario
La situación es crítica y los testimonios desgarradores. Según relata Sánchez, antes de que se concretara el cambio de concesión, mantuvieron una reunión directa con Emiliano Durand, quien asumió el compromiso de resguardar las fuentes de trabajo. «El compromiso del intendente fue poner en el pliego de licitación el resguardo de la fuente de trabajo, algo que no ocurrió, todo lo contrario», denunció el delegado en diálogo con este medio.
Bajo esa falsa premisa de «seguridad laboral», la gestión municipal instó a los trabajadores a aceptar un retiro voluntario con la anterior patronal para facilitar la transición. «Accedimos primero a un retiro voluntario de un 50%», explicó Sánchez, una cifra irrisoria aceptada únicamente por la promesa de ser reabsorbidos por la nueva empresa, Terminal Pacheco S.A.. Sin embargo, la realidad fue una bofetada: el pliego publicado por el municipio en marzo establecía explícitamente que la concesionaria no asumiría obligación alguna con el personal existente.
Familias en la calle y desidia operativa
El impacto humano de esta decisión es devastador. Sánchez detalló que la mayoría de los trabajadores son mayores de 40 años y cuentan con cerca de 20 años de antigüedad. Pero hay casos aún más graves: «Hay 2 compañeros que son hipoacúsicos. Hay otros 4 compañeros que tenemos hijos con discapacidad y que dependemos de las obras sociales». Mientras estas familias pierden su sustento, el intendente ha optado por el silencio: «Hoy, el intendente no nos atiende».
Mientras el municipio promociona una «renovación integral» con una inversión de $12 mil millones, la realidad operativa de la terminal hoy es caótica. Sánchez advierte que la nueva empresa no tiene capacidad para manejar el edificio: «Se han escuchado rumores de que acarrean agua a los baños con balde». Además, denuncia que «mermó la cantidad de trabajadores» y que existen falencias que deberían llevar a la clausura inmediata del predio.
El valor de la palabra en el Concejo Deliberante
La falta de respuestas del Ejecutivo llevó el conflicto al Concejo Deliberante, donde ediles de la oposición cuestionaron duramente la ética del intendente. El concejal Rodrigo Quintero fue tajante al afirmar que «cuando uno empeña su palabra y promete algo, pone en juego su reputación», sugiriendo que los trabajadores fueron «mal direccionados y no han sido del todo honestos con ellos».
Por su parte, la concejal Laura Jorge Saravia confirmó que los trabajadores buscaron ser recibidos de manera pacífica durante días sin éxito. «Tenemos entendido que fueron engañados por el intendente», sostuvo la edil, coincidiendo con la postura de Agustina Álvarez, quien señaló que los empleados vinieron al recinto a plantear que «habían sido estafados».
La lucha de Sánchez y sus 31 compañeros continúa. «Lo que queremos es abrir un diálogo para poder, como personas adultas, conversar y llegar a un entendimiento», concluyó el delegado. Mientras tanto, la ciudad de Salta observa cómo una de sus puertas de entrada se moderniza sobre los cimientos de la desocupación y la mentira política.
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