El debate por la prórroga expuso acusaciones cruzadas por las obras de agua paralizadas y la responsabilidad sobre fondos nacionales. El debate por la prórroga de la Emergencia Hídrica en Salta derivó en un cruce acalorado entre la diputada Patricia Hucena y el legislador libertario Franco Lastra, quienes se acusaron mutuamente por la falta de obras y la responsabilidad sobre fondos nacionales. La discusión comenzó como un intercambio técnico sobre el envío de fondos pero terminó en un pase de facturas personales e institucionales. Hucena expuso el drama de setecientas familias de la comunidad aborigen Tres Palmeras en Pichanal, donde una obra de agua potable permanece paralizada desde hace cuatro años por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana. Lastra respondió con dureza y la acusó de haber aprobado el Fondo de Reparación Histórica cuando era concejal sin alzar la voz por esas mismas obras. La crítica serena apunta a la degradación del debate legislativo y a la falta de respuestas concretas para las comunidades afectadas. Los gritos y las acusaciones personales no resuelven la emergencia hídrica ni garantizan el acceso al agua. El gobierno provincial tiene la responsabilidad de conducir el debate con altura y de presentar soluciones verificables. La prórroga de la emergencia es necesaria pero insuficiente si no se traduce en obras y en presupuesto efectivo. La sociedad salteña espera que sus representantes trabajen por el bien común y no por el rédito político. La crisis hídrica es demasiado grave para ser rehén de la interna partidaria. Salta necesita una política hídrica de Estado que trascienda los gobiernos y que garantice el derecho al agua a todas las comunidades. La crítica tranquila exige resultados y no espectáculo. El Intra