El Decreto 340/2025, recientemente emitido por el Gobierno Nacional, generó fuertes cuestionamientos de sindicatos y expertos en derecho laboral, al ampliar de forma polémica la definición de «servicios esenciales», lo que restringe el derecho a huelga en sectores como la educación, el transporte y amplias áreas del sistema sanitario.

Para el abogado laboralista cordobés David Duarte, presidente de la Fundación FINES, se trata de una medida regresiva que vulnera derechos fundamentales: “El decreto es un retroceso de más de 100 años. Limita la libertad de los trabajadores en el sentido más profundo, porque el derecho a huelga es inseparable de la libertad sindical”.

Duarte recordó que este principio está protegido desde 1919 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Argentina fue miembro fundador: “Justamente en 2019 celebramos los 100 años de la OIT, cuya bandera es la libertad de los pueblos a través de la justicia social. Este decreto va en sentido contrario”.

Además, anticipó que la norma podría terminar judicializada, al igual que el DNU 70, pero advirtió sobre la lentitud del sistema judicial: “El trabajador no puede esperar, tiene que comer, pagar el alquiler, sobrevivir. Lo obligan a elegir entre la explotación o el hambre. Así disciplinan”.

El especialista también criticó el criterio legal con el que se amplía la lista de actividades consideradas “esenciales”: “Según la OIT, solo pueden serlo los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Pero ahora se incluyeron actividades insólitas como el transporte marítimo, la docencia o el transporte urbano”.

Duarte cuestionó la visión del Ministerio de Capital Humano, impulsor de la norma, señalando que se trata de una postura ideológica: “El trabajo no es capital. Es una actividad humana, no un insumo. Esta lógica convierte al trabajador en un engranaje de un sistema de acumulación y lo despoja de derechos elementales. Es aberrante”.

Finalmente, apuntó contra los sectores empresariales que apoyan el decreto: “Se dicen laboralistas, pero son empresarialistas. Quieren una huelga que no exista. Si el 75% del personal debe asistir, ¿quién hace la huelga? ¿Los delegados? Es una locura”.