Mientras el Gobierno provincial inyecta 80.000 millones de pesos para cumplir con sus obligaciones, el Foro de Intendentes reconoce que el 70% de las comunas no pudo afrontar el pago con recursos propios.

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que este sábado 13 de junio estará depositado el Sueldo Anual Complementario (SAC) para todos los agentes de la administración pública. La medida, presentada oficialmente como un «importante esfuerzo financiero», implica el desembolso de 80.000 millones de pesos destinados a cubrir las obligaciones tanto del sector provincial como del municipal. Sin embargo, detrás de la narrativa de «cuentas equilibradas», la realidad de los distritos del interior revela una dependencia alarmante del auxilio central.

Desde el Foro de Intendentes admitieron una cifra que opaca el entusiasmo oficial: el 70% de los municipios salteños necesitó asistencia directa del Gobierno provincial para poder cumplir con el pago del aguinaldo. Esta situación pone en duda la autonomía financiera de las comunas, que hoy dependen de las transferencias de la gestión de Gustavo Sáenz para garantizar el salario de sus trabajadores.

La provincia enfrentó tres hitos financieros clave: el pago de la deuda de 52 millones de dólares realizado la semana pasada, el aguinaldo actual y el inicio del ciclo lectivo.

A pesar de la previsión oficial, el escenario macroeconómico es hostil. El consumo lleva 9 meses consecutivos de caída, lo que impacta directamente en la recaudación del IVA y, por ende, en la coparticipación que reciben los municipios. Si bien un repunte inesperado en la recaudación del Impuesto a las Ganancias compensó parcialmente la balanza el mes pasado, la estructura fiscal de Salta sigue crujiendo bajo el peso de una recesión que no da tregua.

El adelanto del pago busca, según el discurso gubernamental, «potenciar el movimiento económico» ante la proximidad de un fin de semana largo y el Día del Padre. No obstante, lo que el oficialismo vende como una gestión eficiente de los recursos públicos, se percibe más bien como un salvataje de emergencia para una provincia donde siete de cada diez intendentes no logran que sus cuentas cierren sin el respirador artificial del Grand Bourg.

El Intra