Con este fallo, la Justicia ordena al Gobierno reactivar la asistencia alimentaria para comedores comunitarios.

En una decisión clave para la política social, la Justicia Federal emitió un fallo que obliga al Gobierno a reactivar los programas de asistencia alimentaria destinados a comedores y merenderos comunitarios en Argentina. La sentencia, que responde a una acción de amparo presentada por el CELS y la UTEP, protege el derecho a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, quienes no recibían ayuda desde febrero debido a una suspensión de suministros por el actual gobierno.

El juez Walter Lara Correa, al frente de esta decisión, instó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, a garantizar la continuidad de los programas alimentarios que han sido fundamentales en la lucha contra la inseguridad alimentaria. En su fallo, el magistrado subrayó la importancia de no retroceder en los avances logrados en esta área, reforzando el principio de no regresividad y la necesidad de que los programas lleguen directamente a quienes lo necesitan, sin mediaciones innecesarias.

Además de sostener la entrega de alimentos, el fallo exige que se depure el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) para optimizar la transparencia en la distribución. Esta revisión busca asegurar que los titulares del derecho a la asistencia sean las personas vulnerables directamente, en lugar de intermediarios, promoviendo un acceso más claro y directo a los recursos.

La cartera de Capital Humano celebró la sentencia en un comunicado oficial, donde destacó que esta ratifica la legalidad de sus prácticas y su compromiso con la equidad y transparencia. Según el comunicado, la resolución judicial refuerza el enfoque del Ministerio en mantener los programas sociales de asistencia alimentaria dentro del marco normativo, asegurando una gestión responsable de los recursos públicos.

Este fallo llega en un contexto donde el manejo de los recursos alimentarios por parte del Gobierno ha sido cuestionado. Pettovello enfrenta además una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, tras la acumulación de seis mil toneladas de alimentos que habrían estado próximos a vencer sin ser distribuidos. A la espera de la resolución de este proceso, la Justicia, por ahora, ha reforzado el compromiso estatal con la distribución de alimentos en los sectores más vulnerables.

Voces Críticas.