La concesión original había sido otorgada en 1999, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, a la Compañía Argentina de Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA), con un plazo extraordinariamente amplio de 30 años, es decir, hasta 2028.

El debate público se concentró en los más de 45 millones de dólares que deberá afrontar el Estado argentino tras el fallo del CIADI. Sin embargo, detrás de la condena internacional aparece un dato poco mencionado: desde que Salta terminó con el esquema de exclusividad de ENJASA y reformuló el sistema de recaudación del juego, los ingresos provinciales crecieron de manera exponencial.

La reciente confirmación del fallo del CIADI por el caso ENJASA instaló rápidamente una interpretación política: que la decisión tomada durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey le costará a Salta más de 45 millones de dólares.

Sin embargo, hay una parte central de la historia que quedó prácticamente ausente del debate público: cuánto dinero terminó recaudando efectivamente la Provincia luego de modificar el viejo esquema de concesión exclusiva del juego.

La concesión original había sido otorgada en 1999, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, a la Compañía Argentina de Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. (ENJASA), con un plazo extraordinariamente amplio de 30 años, es decir, hasta 2028.

Posteriormente, el grupo Casinos Austria International ingresó como inversor extranjero y pasó a controlar indirectamente el 60% de la compañía. Con el paso de los años, distintos sectores políticos comenzaron además a vincular el esquema de funcionamiento y los beneficios de la concesión con el poder político de la época, cuestionando precisamente la amplitud del contrato original y las condiciones económicas bajo las cuales se había estructurado el negocio.

El contrato establecía un sistema de explotación prácticamente exclusiva del juego a cambio del pago de un canon anual fijo, reajustable cada cinco años. Bajo ese esquema, entre los años 2000 y 2007 inclusive, la Provincia percibió aproximadamente 13 millones de dólares en concepto de canon. Es decir: un promedio anual cercano a 1,6 millones de dólares.

En 2008 el contrato fue renegociado y posteriormente, en 2013, el ENREJA resolvió revocar la licencia de ENJASA tras distintos incumplimientos atribuidos a la concesionaria. La decisión eliminó el esquema de exclusividad y modificó de manera profunda el sistema de recaudación provincial vinculado al juego.

Allí aparece el dato que cambia el análisis económico del caso. Desde 2008 hasta la actualidad, la Provincia lleva recaudados aproximadamente 170 millones de dólares por el mismo concepto, con un promedio anual cercano a los 8,9 millones de dólares.

La diferencia respecto del esquema anterior resulta contundente

Incluso si se descuenta la indemnización derivada del fallo del CIADI —estimada hoy en más de 45 millones de dólares entre capital, intereses y costas— y además se resta lo que la Provincia habría percibido si hubiese continuado vigente el viejo canon promedio de 1,6 millones de dólares anuales hasta 2026, el saldo continúa siendo ampliamente favorable para las cuentas públicas provinciales.

Según esas proyecciones, el nuevo esquema posterior al fin de la exclusividad habría generado para Salta ingresos adicionales superiores a los 86 millones de dólares netos.

Eso no elimina el impacto institucional del fallo ni la discusión jurídica sobre los límites regulatorios del Estado frente a inversores extranjeros. Pero sí modifica de manera importante el análisis económico y político que comenzó a instalarse tras la publicación de la condena.

Porque el eje ya no pasa solamente por cuánto deberá pagar el Estado argentino tras el fallo internacional, sino también por cuánto dejó de resignar la Provincia después de terminar con un sistema de explotación exclusiva que durante años generó ingresos considerablemente menores.

La otra cuenta del caso ENJASA muestra precisamente eso: que aun contemplando el costo de la condena internacional, el esquema posterior terminó generando para Salta una recaudación ampliamente superior a la que obtenía bajo el modelo anterior.

En otras palabras: el fallo del CIADI puede haber tenido un costo elevado, pero la discusión pendiente es si el viejo sistema de exclusividad terminaba siendo todavía más costoso para Salta en el largo plazo. Y esa es precisamente la dimensión que gran parte del debate público decidió omitir.

El Intra