El accionar del presidente del ENRESP frente a desarrolladoras inmobiliarias volvió a generar preocupación por el uso de la exposición pública, la agresividad comunicacional y el impacto institucional sobre quienes invierten en Salta.
Lo ocurrido con la desarrolladora MDAY abrió una fuerte discusión sobre las formas con las que Carlos Saravia ejerce poder al frente del ENRESP.
El presidente del organismo volvió a quedar expuesto por un estilo de conducción basado en declaraciones públicas de fuerte impacto mediático, acusaciones contundentes y una forma de comunicación que dentro del sector privado ya genera creciente malestar.
Porque lo ocurrido con MDAY no aparece como un hecho aislado.
Tiempo atrás ya había sucedido algo similar con Proyecto Norte. Ahora el esquema vuelve a repetirse:
- denuncias públicas,
- titulares explosivos,
- declaraciones condenatorias,
- utilización mediática de expedientes administrativos,
- y exposición pública anticipada contra empresas privadas.
Eso ya empezó a generar ruido no solamente dentro del sector desarrollador, sino también en distintos sectores del propio Gobierno provincial, donde existe una línea política claramente orientada a atraer inversiones, promover desarrollo y generar empleo privado.
La contradicción empieza a ser evidente.
Mientras el gobernador Gustavo Sáenz intenta posicionar a Salta como una provincia abierta al crecimiento y a la inversión, determinadas conductas dentro del propio Estado transmiten un mensaje completamente distinto hacia quienes arriesgan capital y generan trabajo.
La preocupación no pasa por los controles. Nadie discute la obligación del Estado de controlar y sancionar cuando corresponde, especialmente en temas ambientales que son sensibles y fundamentales para toda la sociedad.
El problema aparece en las formas.
Porque controlar no debería significar transformar expedientes administrativos en espectáculos mediáticos ni utilizar la exposición pública como herramienta central de presión institucional.
En el caso MDAY, la empresa difundió un extenso comunicado donde detalla procedimientos, autorizaciones, inversiones realizadas e infraestructura ejecutada durante años. Incluso sostiene haber afrontado con recursos privados soluciones transitorias frente a limitaciones estructurales del propio sistema público.
Sin embargo, antes que una discusión técnica profunda, lo primero que apareció fueron declaraciones públicas de altísimo impacto mediático, anuncios de multas millonarias y expresiones que instalaron rápidamente una condena social sobre la empresa.
Y eso tiene consecuencias.
Porque una desarrolladora no vive solamente de balances. Vive de confianza:
- confianza de compradores,
- de bancos,
- de inversores,
- de proveedores,
- y de cientos de familias que toman decisiones patrimoniales de enorme importancia.
El daño reputacional ocurre en tiempo real.
Por eso dentro de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios la preocupación ya dejó de ser silenciosa. Lo que empieza a discutirse no es la existencia de controles, sino el modo en que Carlos Saravia parece ejercerlos.
Porque cuando el exceso discursivo, la agresividad comunicacional y la exposición pública reemplazan a la prudencia institucional, el límite entre control y abuso de poder comienza a volverse peligrosamente difuso.
Y eso genera algo especialmente delicado para cualquier economía que necesita inversión privada: desconfianza.
Desconfianza sobre la previsibilidad.
Desconfianza sobre las reglas.
Desconfianza sobre si todos los sectores del Estado realmente entienden la importancia de acompañar a quienes invierten, desarrollan y generan empleo genuino.
Ese es el verdadero problema de fondo.
Porque cuando desde el propio Estado se debilita la confianza del sector privado, el daño ya no impacta solamente sobre una empresa.
Termina afectando a toda la provincia.
Aries
