La ministra de Educación firmó un convenio para que el doctor Alejandro Jose Cyrulnik, con domicilio en la CABA, se encargue de monitorear el plan de Nutrición y Educación Alimentaria.
El ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta a cargo de Cristina Fiore celebró un contrato de consultoría con el doctor Alejandro José Cyrulnik, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar un “monitoreo” de la ejecución del Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria enmarcado en el Plan Argentina contra el Hambre.
Para ese monitoreo del Plan Anual y Refuerzo Estival, dependiente de la Subsecretaria de Políticas Socioeducativas, el medico porteño Cyrulnik percibirá 21 millones de pesos. Los pagos se dividen en dos cuotas: la primera de $12.100.000 y la segunda de $9.680.000, puesto que el trabajo abarca dos meses, desde el 1° de febrero hasta el 31 de marzo.
En el convenio, la cartera que conduce Fiore sugiere que debe haber un equipo de al menos 3 nutricionistas y “establece como deseable” la conformación de 3 equipos con movilidad propia “acorde al contexto geográfico” para supervisar el funcionamiento de los objetivos del programa, “alertando los casos en los que la asistencia no sea acorde a lo presupuestado”.
Además de los ejes que versan sobre la nutrición y la supervisión de beneficiarios, se incluye el monitoreo administrativo sobre las escuelas responsables de la prestación del servicio de comedor escolar para “garantizar una eficiente utilización financiera y una efectiva trazabilidad de los fondos aplicados al programa”.
La decisión de la cartera educativa fue aprobada por la Coordinación Administrativa a cargo de Nicolás Demitrópulos y refrendada por Fiore. La misma fue rubricada el 19 de marzo y publicada el 22 en el Boletín Oficial, a días de finalizar el mes en el que se hizo la supervisión de la ejecución de los planes socio-alimentarios.
El contrato por 21 millones de pesos a un médico porteño se contrapone con la política de “austeridad” que esgrime el Gobierno Provincial ante el recorte nacional. Sucede que el “monitoreo” de la ejecución de los programas bien podría hacerse con personal estatal o bien contratar a profesionales de la zona que conozcan la realidad provincial.
De hecho, el convenio se ventila públicamente en un contexto de emergencia alimentaria en el que se siguen dando muertes de niños y niñas de la etnia wichi en el norte salteño. Así lo confirmó el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón.
Luego de cuestionar la falta de agua, el jefe comunal originario afirmó: “Sabemos que se nos muere bastante gente en la zona porque uno saca la conclusión a partir de que uno es el que da los cajones (ataúdes) todas la semanas”.
Por su parte, la tercerización de la política socio-alimentaria en la provincia emula la gestión de Carlos Abeleira en el Ministerio de Primera Infancia, cuando se contrataba a la Fundación CONIN del medico conservador Abel Albino para atender la desnutrición en el Chaco Salteño. A pesar de las millonarias partidas destinadas, no hubo mejoras al respecto.
En el 2020 BUUFO publicó una nota abordando el fracaso del tandem Abeleira-Albino y planteó: «La política de austeridad que pregona el gobernador Gustavo Sáenz y la reforma en la estructura ministerial conllevó la eliminación de Primera Infancia. ¿Descartará convenios con CONÍN?».
Los convenios con Albino quedaron atrás, aunque no la contratación de terceros para aplicar medidas que reduzcan las muertes en un contexto de pobreza estructural.
