Constanza Lee denunció a su ex pareja, un roconocido cardiólogo del Hospital San Bernardo. Su hija reveló que su madre intentó quitarse la vida. Piden que la Justicia agilice el caso como fue con Claudio Contardi a nivel nacional.

La reciente confirmación de la condena a 18 años y seis meses de prisión para Claudio Contardi por el abuso sexual a Julieta Prandi, dictada por el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de cómo responde la Justicia ante los delitos de género. A raíz de esto, el interrogante ineludible que surge en Salta es por qué los casos locales no se miden con la misma vara.

El expediente de Constanza Lee expone una maquinaria judicial sumamente lenta. La mujer denunció en 2020 a su exmarido por violaciones reiteradas y violencia intrafamiliar sufridas durante los 19 años que duró su matrimonio. Seis años después de aquella primera presentación realizada en plena pandemia, el debate oral y público recién se llevará a cabo entre el 1° y el 9 de octubre, bajo la órbita del juez Eduardo Raúl Sángari.

Un camino minado de obstáculos y revictimización

Para la víctima de 48 años, el derrotero judicial estuvo cargado de desidia. Tras separarse el 29 de abril de 2020 e iniciar la denuncia en la comisaría de San Luis con la intervención del fiscal Sergio Federico Obeid, pasó tres largos años sin ningún tipo de novedad. Recién en marzo de 2023 fue citada a declarar, descubriendo con sorpresa que la convocaban como «testigo» en su propia causa por delitos contra la integridad sexual. Lejos de hallar contención, una funcionaria judicial llegó a justificar la inacción con la frase: «Yo te creo, pero esto es difícil de probar».

El plano familiar tampoco ofreció resguardo. Un juez de Familia, Daniel Juan Canavoso, le otorgó la tenencia de su hija menor al acusado, desatendiendo el contexto general de violencia y configurando una clara revictimización. A esto se sumó que, recientemente, se dejó sin efecto una consigna policial de custodia que había sido dispuesta para protegerla a ella y a su hija mayor, tras resoluciones administrativas que la denunciante calificó de sospechosas, obligándola a denunciar al sistema por desobediencia judicial.

El rol de Salud y el médico premiado

En paralelo a la causa penal caratulada bajo el legajo Nº 190.747/24 por abuso sexual con acceso carnal en el Juzgado de Garantías de 3º Nominación, el manejo institucional generó profunda indignación. El imputado es un conocido médico cardiólogo de 60 años, identificado como Ricardo Javier Fernández, quien continuó prestando servicios en el Hospital San Bernardo a pesar de la gravedad de los cargos.

Aunque en 2025 el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció públicamente su apartamiento preventivo de los consultorios externos, la medida nunca se aplicó con eficacia por supuestas demoras burocráticas. De acuerdo con el testimonio de la víctima, desde la cartera sanitaria le argumentaron que la notificación formal recién llegó en agosto de 2026, permitiendo que el profesional siguiera en funciones e incluso recibiera reconocimientos públicos.

Actualmente, atravesando una depresión severa bajo tratamiento psiquiátrico con medicación, Constanza reclama un Estado presente que acompañe integralmente a quienes denuncian. «Para que una mujer denuncie violencia, ese mismo instante tiene que haber un psicólogo acompañándola, porque a la media hora ya siente miedo y se arrepiente», expresó, a la espera de que el juicio de octubre comience a reparar dos décadas de silencio y dolor.

QPS