Este dato, de concretarse, revela prácticas que trascienden el terreno económico y se adentran en la moral pública
La reciente declaración de uno de los querellantes del caso $LIBRA, Martín Romeo, ha agregado una dimensión inquietante y profundamente grave al escándalo: según reveló, existía un supuesto «tarifario de Karina Milei» para acceder a reuniones con el presidente —valuado en USD 50.000— y para que él hiciera posteos en sus redes —USD 500.000— que promovieran la criptomoneda involucrada.
Este dato, de concretarse, revela prácticas que trascienden el terreno económico y se adentran en la moral pública: se daría un mecanismo sistematizado de monetización política, operado desde la cúspide del poder. Heredando un esquema tan cínico como dañino, el gobierno de Javier Milei se ve ahora en su peor crisis política desde que asumió.
El escándalo $LIBRA ha tenido múltiples facetas: desde la promoción relámpago de la criptomoneda que benefició a sus creadores y devastó a miles de ahorristas, pasando por investigaciones internacionales, demandas colectivas en EE.UU, hasta la disolución por decreto de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada precisamente para investigar la maniobra. Estos movimientos dejan en evidencia una estrategia de contención que ya no da abasto.
Por si fuera poco, figuras próximas al oficialismo como la ex ministra Diana Mondino han manifestado opiniones lapidarias: el presidente “no es muy inteligente o es una especie de corrupto” por haber impulsado el token sin respaldo ni entendimiento fondo.
¿Qué se juega Javier y Karina Milei?
- Credibilidad y legitimidad institucional: El discurso libertario, la auto percibida audacia económica o la falsa “ruptura” con la casta, se diluyen cuando el poder parece canjeable por dinero fácil. Si existió un tarifario explícito, el sistema democrático queda en serio entredicho.
- Responsabilidad política: Karina Milei, hoy secretaria general de la Presidencia y considerada mano derecha de su hermano, aparece como principal ejecutora de este supuesto esquema, lo que amplifica la gravedad del caso y erosiona aún más el ya frágil vínculo programa‑persona de la dupla Milei.
- Impacto en las instituciones: diluir responsabilidades, desactivar comisiones o entorpecer investigaciones sirve a corto plazo, pero castiga a largo plazo. Si el Congreso no actúa, la famosa desburocratización quedará reducida a un chantaje institucional.
La imperiosa necesidad de avanzar con una comisión investigadora
El Congreso no puede permitirse el silencio ni la tibieza. La formación urgente de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados debe ser prioritaria y contar con todas las herramientas: citación de testigos, acceso a documentación, evaluación de responsabilidad política.
Tal como reclama la oposición, la política no puede evadir su rol de control y contrapeso, sobre todo cuando se cuestiona la integridad de quienes ocupan los cargos más altos. Y esto no es sólo construcción discursiva: ya hay resoluciones judiciales, congelamientos de fondos en EE.UU., y demandas colectivas.
El Caso $LIBRA, lejos de ser un episodio aislado del entorno cripto, se ha convertido en una crisis de credibilidad del gobierno, con posibles implicancias éticas, penales y políticas. La existencia de un “tarifario” para acceder al presidente o acceder a su influencia pública —de existir— hace emerger un sistema que mercantiliza el poder, lo que debilita aún más las instituciones democráticas.
No se trata solo de determinar si hubo o no una acción punible desde la justicia, sino también de ejercer una sanción política y ética: los ciudadanos merecen saber si las promesas de transparencia y libertad fueron un mero acto de marketing, mientras la puerta giratoria del poder giraba con peaje.
Es momento de que el Congreso Nacional asuma su responsabilidad, con valentía y urgencia, para defender los pilares del Estado y evitar que este escándalo se convierta en el símbolo de una República en venta.
El Intra
