La posible vuelta de Fernando Yarade a la primera línea de la política salteña no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un movimiento mayor que volvió a quedar expuesto con la renovación exprés del convenio con el Banco Macro por 10 años más. Una decisión incluida dentro del Presupuesto 2026, sin debate técnico, sin informe público y sin el más mínimo intento de abrir una licitación.
El dato central:
El contrato —que ya había sido renovado en 1996, 2006 y 2016— se estira ahora hasta 2036, acumulando 40 años consecutivos con el mismo banco administrando las cuentas del Estado.
Todo mientras la provincia paga casi 11 mil millones de pesos anuales por un servicio que, en muchas jurisdicciones, los bancos ofrecen gratuitamente o incluso con beneficios para el Estado.
En ese contexto aparece el nombre de Yarade. No como un técnico neutral, sino como un operador histórico que siempre regresa cuando hay un acuerdo político-financiero de gran escala. Su trayectoria lo muestra: interventor del Banco de Préstamos, secretario de Finanzas, ministro en crisis, jefe de Gabinete, y hoy directivo de una empresa clave del norte. Siempre cerca del poder, siempre cerca del sistema financiero.
Su eventual regreso hoy parece tener un objetivo claro: blindar la prórroga del Macro hasta 2036 y mantener aceitado un esquema que hace años funciona sin competencia, sin control legislativo real y sin una revisión profunda sobre el costo para la provincia.
Mientras tanto…
El Senado aprobó la extensión sin preguntar, sin comparar y sin cuestionar. La Legislatura avaló. Y el Gobierno acomodó las piezas.
El patrón se repite:
El banco marca el ritmo.
La política acompaña.
Y los nombres —como Yarade— reaparecen cuando el engranaje necesita alguien de absoluta confianza.
Diario Digital del Norte




