“Me parece legítimo que lo hagan, pero que dejen de usarme de excusa a mí, que me fui hace siete años del gobierno”, ha dicho Urtubey.
También ha intentado el exgobernador despegarse de cualquier responsabilidad en este sentido, esgrimiendo el argumento de la relación —a su juicio, positiva— que existía entre la deuda provincial y los «recursos anuales» cuando él se hizo cargo del gobierno, a finales de 2007, y cuando lo dejó, en diciembre de 2019.
Ha dicho Urtubey que en 2007 la deuda representaba el 73% de los recursos y que, a finales de 2019, el porcentaje de la deuda sobre los recursos anuales había bajado al 45%.
La explicación es sumamente inconsistente, por cuanto lo que importa no es el impacto de la deuda sobre las cuentas, sino el tiempo que la deuda permanece impaga y las condiciones particulares de su reembolso.
Además, la responsabilidad política y jurídica de Urtubey no nace del volumen de la deuda contraída sino del hecho —sobradamente acreditado— que las obras públicas que se habían comprometido y que dieron cobertura jurídica y moral a los préstamos ingresados, no se hicieron nunca, o no se terminaron, en el mejor de los casos.
Entonces, pueden pasar siete años, como pueden pasar setenta, que quien ha propiciado este descalabro no podrá eludir su responsabilidad, por muchos argumentos contables que oponga.
Por eso es que, si el actual gobierno esgrime el argumento de los servicios impagos de la deuda contraída por Urtubey para pedir nuevos préstamos, a quien hay que creerle es al gobierno que pide dinero para un fin concreto, y se aplica a ello, y no a quien gobernó doce años prometiendo que haría obras con un dinero —bastante cuantioso— que misteriosamente ha desaparecido de los radares, debajo de las narices de muchos de los que hoy, por diferentes motivos, cuestionan tal desaparición.
La responsabilidad de Urtubey no solamente nace de un desfase contable, como algunos pretenden, sino que también está relacionada con el capital perdido; es decir, con el valor en moneda constante de las obras que deberían haberse hecho y no se hicieron; pero no en términos de valor material sino de beneficios sociales, que también son apreciables en dinero.
Para explicar esto un poco mejor, pondremos por ejemplo la obra inconclusa de la Terminal de Ómnibus de Morillo, que puede tener un valor administrativo determinado, pero que para los habitantes de Morillo vale unas cien veces más. Urtubey es responsable por la pérdida de oportunidades de desarrollo y progreso de decenas de pueblos y ciudades de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.
Este atraso social forma también parte del pasivo que lastra las cuentas del actual gobierno, y no hay forma humana de demostrar lo contrario.
El transcurso del tiempo puede obrar el prodigio de extinguir, por prescripción, la responsabilidad jurídica emergente, pero jamás de esconder debajo de la alfombra de la historia la basura de un periodo que se recordará por mucho tiempo como el más estéril del que Salta tenga memoria.
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