En Día de Miércoles, Nicolás Escándar advirtió que la reparación económica en delitos graves no puede transformarse en una vía para evitar una respuesta penal.

¿Puede una persona acusada de un delito grave de trata evitar una pena de prisión mediante una reparación económica a las víctimas? Nicolás Escándar planteó que esa discusión existe dentro del nuevo sistema penal federal, pero advirtió sobre un límite central: el dinero no puede transformarse en una forma de impunidad.

El actual Defensor Público de Víctimas y recientemente designado Defensor Público Oficial Federal abordó el tema en Día de Miércoles, al ser consultado por la causa que involucra al propietario de Cerdo Negro y en la que se investigan hechos de trata de personas.

Escándar recordó que el delito atribuido en esa causa contempla una pena mínima elevada. “Es un hecho que tiene una pena mínima de ocho años de prisión, que en principio no permitiría una pena de ejecución condicional”, explicó. En caso de una condena bajo esa calificación, señaló, la regla sería el cumplimiento efectivo de la pena, aunque podrían intervenir otras circunstancias personales previstas por la ley.

El debate entre pena y reparación

El punto que puso sobre la mesa Escándar es hasta dónde una reparación económica puede influir en la respuesta penal.

“Hay una discusión muy intensa de cómo se relacionan pena y reparación”, sostuvo. Explicó que el Código Procesal Penal Federal promueve mecanismos para solucionar conflictos y que, en determinadas circunstancias, las propias víctimas pueden privilegiar una reparación por encima de parte de la respuesta punitiva.

Pero aclaró inmediatamente que la decisión no depende únicamente de la víctima. En delitos que afectan bienes jurídicos especialmente sensibles, sostuvo, existe además un interés colectivo que debe ser considerado por fiscales y jueces.

Para Escándar, delitos como un homicidio, un abuso sexual o la trata no dañan solamente a una persona concreta. “Cuando pasan estos delitos tan graves, toda la sociedad es victimizada”, explicó.

“No queremos que gente con mucho dinero pueda huir de la respuesta de la Justicia”

El planteo tomó mayor fuerza cuando Escándar abordó la desigualdad económica entre quienes atraviesan un proceso penal.

“Nosotros no queremos un sistema penal que permita que gente con mucho dinero cometa determinados delitos y pueda huir de la respuesta de la Justicia con una reparación meramente económica”, advirtió.

Por eso sostuvo que, cuando corresponda aplicar un mecanismo reparatorio, el monto no puede convertirse simplemente en un costo fácilmente asumible para quien dispone de un gran patrimonio.

“La reparación económica tiene que ser lo suficientemente importante para que esta persona lo sienta”, señaló. Agregó que nunca será idéntica a una pena de prisión, pero debería representar una respuesta significativa y no un esquema donde alguien “daña, paga y se va a su casa”.

Que denunciar no deje a la víctima en una situación peor

Escandar también colocó el debate desde otro lugar: qué ocurre con las víctimas después del proceso penal.

A partir de sus seis años al frente de la Defensoría de Víctimas, aseguró que conoció casos en los que se obtuvo una condena, pero no una reparación que permitiera a la persona reconstruir su vida.

“La víctima siempre después de hacer la denuncia tiene que quedar en mejor posición económica que antes de hacerlo”, afirmó.

Relató que algunas víctimas de explotación atravesaron procesos judiciales completos y consiguieron una condena contra personas sin recursos económicos, pero terminaron sin ninguna compensación material y, en determinados casos, incluso sin el ingreso que tenían antes de denunciar.

Ese escenario, explicó, es particularmente sensible en la trata de personas porque la salida de una situación de explotación requiere también condiciones económicas que eviten que la víctima vuelva a quedar expuesta al mismo circuito.

“Los ricos pagan y zafan”

El defensor llevó finalmente la discusión hacia un problema más amplio del sistema penal: su selectividad.

Al mencionar experiencias de otros países y las críticas existentes sobre mecanismos que permiten resolver causas mediante pagos, sintetizó uno de los cuestionamientos con una expresión directa: “Los ricos pagan y zafan y por eso las cárceles están llenas de pobres”.

Escándar sostuvo que ese problema también atraviesa al sistema argentino y señaló que uno de los desafíos de la política criminal es avanzar sobre los sectores económicamente más fuertes de las organizaciones delictivas.

“Eso es el derecho penal del futuro”, consideró: dejar de perseguir únicamente los eslabones más débiles y conseguir que quienes cuentan con poder económico también respondan cuando cometen delitos.

Aries