Productores y dirigentes tabacaleros están visibilizando las problemáticas que atraviesa el sector, desde evasiones fiscales, subfacturación y comercio ilegal de cigarrillos.

El dirigente tabacalero salteño, Lucio Paz Posse, dialogó con Efecto Dominó de Radio Lup 94.7 SALTA y señaló que la actividad, que genera mucha mano de obra en el país, esta pasando por un momento sumamente crítico por el incremento de los costos productivos lo que lleva al productor a buscar un mayor rendimiento de kilos por hectárea.

“Hay casi 1.000.000 de personas que directa o indirectamente en el país viven de la actividad”.

En Salta 100.000 personas aproximadamente viven directa o indirectamente de la actividad, que van desde el trabajo de campo, a acopiadoras, cooperativas, instituciones y todo lo que tiene que ver con el comercio derivado del cigarrillo.

De acuerdo a la ley 19.800 que conforma el Fondo Especial del Tabaco y la metodología de pago del tabaco en fardos al productor, el productor recibe un porcentaje al momento de la comercialización en el acopio. Al llevar los fardos de tabaco en los camiones para venderlo se procesa, exporta o se fabrica cigarrillos, siendo el 80% lo que se exporta generando divisas en dólares y el 20% corresponde a cigarrillos en mercado nacional.

La otra parte de sus ingresos proviene de un porcentaje de la venta al público de cada paquete de cigarrillos, lo cual trajo polémicas por Pymes que evadieron impuestos.

Paz Posse explicó que el precio del cigarrillo se conforma y se vende al público de acuerdo a una declaración que hace la fábrica de cigarrillos en ARCA: “Lo que pasó en estos últimos años, es que 4, 5 industrias Pymes, bajaron los precios, declararon valores por debajo del valor de venta real al público”.

“Hay una evasión importante y nosotros estamos pidiendo mayor control, que se venda al valor que se declara”.

Quienes tienen que llevar adelante este control son la Secretaría de Agricultura de Nación y especialmente ARCA, aclaró.

Esto significa una evasión anual de alrededor de 700 millones de dólares, de lo cual el 10% vuelve como precio a los productores, es decir que casi 70 millones de dólares se distribuyen entre las provincias productoras de tabaco, un monto que no estaría llegando al productor.

“Salta esta perdiendo por esta evasión fiscal entre 4 y 5 millones de dólares por mes”.

En esta evasión no solo se encuentran el tabaco, sino que tampoco están tributando productos derivados del tabaco como vapers, tabaco calentado y sistemas electrónicos que tiene tabaco y nicotina.

Los vapers se encontraban prohibidos en el país y todo lo que se venía consumiendo hasta hace 2 meses ingresaba de contrabando o de forma irregular, ahora al ser aprobados por decreto por el Ejecutivo nacional se puede realizar una trazabilidad, ver su contenido y quien lo vende: “Hoy están legalizados y a partir de esta legalización estamos buscando que empiecen a pagar los impuestos”.

“Hay un estimativo de más de 1.500.000 de consumidores de vapers y tabaco calentado o en otras formas”.

Los cigarrillos cuentan con una carga impositiva alta, llegando a tener un 80% de impuestos: “Porque si pagas $5.000 un paquete de cigarrillos, estamos hablando que el 80% son impuestos, $4.000 se van de impuestos”.

“De los ingresos de Nación, el 1,3% lo representa lo que deja el cigarrillo, es muchísimo dinero que le ingresan a las arcas”.

Además de realizar un aporte considerable a las arcas del país, también genera divisas, exportando alrededor de 250, 300 millones de dólares por año.

“El 80% del tabaco que se produce en Argentina, se exporta”.

El tabaco argentino es uno de los más requeridos a nivel mundial, por lo que desde el sector buscan que tenga rentabilidad y que el productor “no se caiga” ya que hoy trabaja a pérdidas.

Desde el sector proponen que cada paquete cuente en una de sus caras visibles con un código QR, el cual al escanearlo muestre el precio real declarado, lo cual permitiría que en un punto de venta donde lo ofrecen tres veces más caro se exija el valor real: “Si no te lo quieren vender eso te lleve a un límite denunciar georreferenciando el lugar para que pueda hacer las inspecciones ARCA y tener un control ciudadano”.

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