Se presentó un proyecto de ley para que los funcionarios se realicen un narcotest obligatorio con posibilidad de juicio político

La medida incluirá a los tres poderes del Estado. Todo lo que tenés que saber

En las últimas horas, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó en el Congreso un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado se realicen un narcotest obligatorio de manera periódica. Esta medida fue anunciada en las redes sociales del legislador bajo el título: “Ley antidoping y narco test para la política y la justicia”.

De acuerdo con lo anunciado por el parlamentario, aquellos que den positivo, deberán enfrentar la suspensión y el juicio político. Además, señaló que la metodología del procedimiento consistirá en “exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes, un paso firme hacia la transparencia y la ética en el Estado”.

https://twitter.com/gfchumpitaz/status/1894095479022989363

Esta iniciativa del PRO va en búsqueda de la transparencia y de la idoneidad de los cargos públicos que cumplen los funcionarios. El mismo será realizado de manera aleatoria y periódicamente para garantizar que, las personas que tienen el deber de cumplir obligaciones gubernamentales sean ejemplo de la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.

Bajo la premisa de terminar de una vez por todas con la “doble moral”, el diputado Chumpitaz busca establecer una “nueva política” con un “Estado íntegro y comprometido con el pueblo”. Por tal motivo, explicó que los procedimientos toxicológicos serán realizados cada tres meses en laboratorios certificados, donde integrantes del Ejecutivo, del Congreso y del área judicial serán examinados. Se analizará la presencia de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y otras sustancias que no estén prescritas por un médico.

Sin embargo, los empleados de menor jerarquía quedarán exentos de esta práctica. En el caso de que se arroje un resultado positivo, el funcionario podrá solicitar una nueva prueba dentro de las 48 horas de haberse realizado el análisis y, en el caso de volver a dar positivo se lo suspenderá de inmediato sin goce de sueldo hasta que el organismo encargado del enjuiciamiento decida su futuro. Finalmente, aquellos que decidan negarse al procedimiento, se lo tomará como un caso positivo, por lo que podrá ser destituido. El presidente Javier Milei reposteó este twitter como apoyo a la medida.