LA ‘BOMBA ATÓMICA’ SE HA ACTIVADO

La visita de Jean-Michel Bouvier a los más altos despachos judiciales esta mañana se ha saldado con buenas palabras y evasivas por parte de las autoridades entrevistadas, pero no con resultados concretos.

El ciudadano francés, que se encuentra en Salta para exigir que se investigue con ayuda internacional el crimen de su hija Cassandre Bouvier y el de su amiga Houria Moumni, ha recibido, tanto de Pedro García Castiella, jefe de los fiscales del territorio, como de Teresa Ovejero Cornejo, presidente de la Corte de Justicia, respuestas vagas, inconsistentes y poco comprometidas, «para salir del paso». Respuestas que no están a la altura del gran desafío que enfrenta la sociedad salteña y su alicaído sistema judicial.

En ambos casos, las ambigüedades del derecho local y los vericuetos del proceso (los mismos que hace dos meses merecieran una severa reprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) han sido colocados como valla infranqueable para el progreso de las justicieras pretensiones de Bouvier.

Esta mañana, el padre francés, que se ha desplazado a Salta en medio de un delicado tratamiento médico y a riesgo de experimentar una dura recaída, ha reiterado lo que en los últimos días ya le dijo al Embajador de Francia, al ministro federal de Justicia, al Gobernador de Salta, a su Ministro de Seguridad y Justicia y a la diputada nacional María Emilia Orozco: quiere que las cosas «se muevan».

Pero nada -excepto las buenas palabras- parece que se mueve en Salta; a juzgar por la parálisis política del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuyos máximos responsables han demostrado hoy que el miedo es más importante que las leyes y los procedimientos locales y más fuerte que las mejores intenciones.

Bouvier ha reiterado esta mañana ante García Castiella y Ovejero lo mismo que ya dijo en el aeropuerto el pasado viernes; que si nada «se mueve», lanzará su «bomba atómica» desde Francia.

Pero esta vez ha ido un poco más allá y precisado que denunciará ante los tribunales franceses por obstrucción de la justicia al anterior presidente de la Corte de Justicia (Guillermo Catalano) y al juez instructor Martín Fernando Pérez, recordando que en el parquet de París hay un procedimiento de instrucción aún abierto por el crimen de su hija.

Bouvier no se ha quedado corto en este aspecto y ha dicho también que, como en la investigación anterior el Estado salteño ha impuesto torturas a los detenidos (y plantado pruebas, entre otras violaciones de derechos fundamentales), también denunciará a Salta ante los tribunales franceses por crímenes contra la humanidad.«Esto va a provocar un gran conflicto diplomático del Estado federal argentino que afectará las relaciones con la Argentina y traerá graves problemas a Salta», anticipó Bouvier.

Alguien en Salta no quiere que se investigue el crimen nuevamente. Desde hace años, se ejercen influencias poderosas sobre ciertas personas consideradas clave, con objeto de que el transcurso del tiempo termine exonerando de responsabilidad penal a los perpetradores y así alcanzar la impunidad.

Pero a la obsesión de Bouvier por conocer la verdad del asesinato de su hija, a su impulso cívico de identificar a sus autores y castigarlos como es debido, se une el clamor de una mayoría aplastante de la sociedad salteña que -ya por otros motivos- quiere conocer la identidad de aquellos que aún intentan entorpecer el camino hacia la verdad. Quiere saber por qué lo hacen, qué motivos tienen para ocultar la verdad y a quiénes protegen.

Muchos intuyen que intereses políticos se ocultan detrás de este miedo paralizante. No es tarea ni de Bouvier ni de los franceses identificar estos intereses y someterlos a la supremacía del interés general. Esta es tarea de los salteños y de nadie más que de ellos.