La provincia busca garantizar pensiones, financiamiento y prestaciones, con el respaldo de prestadores y del diputado Bernardo Biella.
Salta fijó postura frente a la Ley de Discapacidad que se debate en el Congreso de la Nación y advirtió que no aceptará recortes que perjudiquen a los sectores más vulnerables. El ministro de Salud, Federico Mangione, encabezó una mesa de trabajo con prestadores e instituciones del sector para consensuar modificaciones al proyecto nacional.
El diputado nacional Bernardo Biella asumió el compromiso de llevar los reclamos salteños al recinto y actuar como portavoz de las demandas provinciales. El objetivo es garantizar las pensiones, el financiamiento presupuestario y el reconocimiento de las asimetrías territoriales que afectan particularmente al NOA.
Mangione fue categórico al afirmar que la premisa fijada por el gobernador Gustavo Sáenz es respaldar y ampliar derechos en lugar de reducirlos. El titular de la cartera sanitaria advirtió sobre el impacto perjudicial del ajuste nacional y sostuvo que cualquier modificación a la normativa vigente debe apuntar a perfeccionar el sistema y no a recortar prestaciones.
El funcionario provincial también planteó una comparación que resultó bastante elocuente. Recordó que la Patagonia tiene reconocido un adicional por las condiciones geográficas, mientras que a Salta no se le aplica el mismo criterio a pesar de tener una diversidad geográfica igualmente compleja. La frase quedó flotando en el aire como una indirecta dirigida a los funcionarios nacionales que nunca viajan al interior.
La mesa de trabajo también sirvió para que los prestadores y las instituciones del sector pudieran expresar sus preocupaciones directamente al legislador que los representará en el Congreso. La idea es que Biella llegue al recinto con argumentos técnicos y territoriales sólidos, no con discursos vacíos de contenido.
Resulta casi obvio señalar que las provincias del norte argentino suelen ser las últimas en enterarse de las decisiones que se toman en Buenos Aires. Por eso mismo, la postura de Salta frente a esta ley no es un capricho, sino una necesidad impostergable para defender los intereses de una población que ya viene golpeada por múltiples frentes.
Ahora habrá que ver si el diputado Biella cumple con el compromiso asumido o si, como suele ocurrir con los representantes provinciales, termina alineándose con las directivas de su bloque nacional. La provincia espera gestos concretos y no promesas que se diluyen en el aire acondicionado del Congreso.
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