Si se utilizara la reponderación del IPC que el Gobierno descartó a principios de año, la caída salarial sería mayor a la que se mide con la fórmula actual.
A pesar de la leve mejora durante los últimos meses, los salarios registrados, tanto del sector público como privado, siguen muy por debajo de los niveles previos a la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Esa distancia es aún mayor si se aplica la metodología para medir la inflación que el INDEC iba a comenzar a utilizar a principios de este año, pero luego el equipo económico descartó.
De acuerdo a estimaciones del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA, los salarios registrados bajo la medición vigente cayeron 8,2% desde noviembre de 2023, incluso con la recuperación de 1,1% durante los últimos tres meses.
«Se trata de un resultado muy magro, que en parte es explicado por el incremento de una vez de los sueldos de las universidades en junio, que de todos modos es muy inferior a la exigencia de la Ley de Financiamiento Universitario», explicaron.
Sin embargo, señalaron que si se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) «reponderado» en lugar del oficial para estimar la evolución del poder adquisitivo, «el escenario de deterioro salarial se ve agravado» aún más, ya que la pérdida real entre noviembre de 2023 y junio de 2026 alcanza el 12,9%.
Ese resultado es producto de un retroceso del 8,5% para las remuneraciones del sector privado y una disminución del 20,8% para el salario público. En ese último caso, se observa una divergencia entre el sector estatal a nivel nacional y su contraparte provincial.
«Mientras que las provincias buscaron evitar pérdidas salariales tan profundas como las acontecidas al inicio del Gobierno de Milei, la administración nacional no hizo más que profundizar mes a mes esta caída», explicaron.
Eso no evitó que el salario promedio en las provincias mostrara resultados negativos desde agosto de 2025, «evidenciando las dificultades para mejorar salarios en un contexto de ajuste presupuestario».
Bajo el IPC alternativo, el salario público nacional perdió un 40,2% de su poder adquisitivo desde el cambio de gestión, mientras que el público provincial experimentó una pérdida del 14,3%.
Caída del salario de convenio y el salario mínimo
En otro apartado del informe, los investigadores de CIFRA explicaron que los salarios reales de convenio también «están sufriendo un proceso casi ininterrumpido de deterioro en su poder adquisitivo en el último año y medio».
Afirmaron que tras la fuerte caída real que provocó el salto inflacionario de diciembre de 2023, los salarios reales de convenio habían logrado recuperar el nivel previo en diciembre de 2024.
Sin embargo, desde ahí comenzó una tendencia a la baja, «potenciada por la política oficial de imponer explícitamente un techo a los acuerdos paritarios para morigerar el impacto en los precios».
Ante la consulta de Ámbito, desde CIFRA estimaron que la caída con el IPC Alternativo fue de 11,3%, muy por encima del -6,5% con la medición actual. Y señalaron que «resulta ilustrativo que la baja relativa de inflación del último trimestre no haya impactado positivamente en los salarios reales de convenio, que continuaron con una tendencia negativa».
Sin embargo, donde se observó la caída más dramática es en el salario mínimo, vital y móvil. Desde la asunción del actual gobierno el retroceso fue de 40,9% con el IPC reponderado.
Incluso medido con el IPC Oficial, el poder adquisitivo del salario mínimo resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990, según estimaciones del centro de estudios.
«Este resultado es consecuencia del actuar de la Secretaría de Trabajo, que –ante la falta de acuerdo en el Consejo Nacional del Salario Mínimo- dispuso sistemáticamente incrementos nominales alineados con las propuestas empresariales», explicó el informe.
Y agregó que la Resolución del 1/9/26 «implicó un nuevo paso en este sentido», por lo cual «puede anticiparse una continuidad en este retroceso y una pérdida del salario mínimo como herramienta para mejorar los pisos salariales y reducir la desigualdad».
Ámbito




