La relación entre la Casa Rosada y el bloque de gobernadores aliados ingresó en una fase de profunda fricción política e institucional.

La relación entre la Casa Rosada y el bloque de gobernadores aliados ingresó en una fase de profunda fricción política e institucional. Luego de haber facilitado las voluntades parlamentarias necesarias para que la reforma del régimen de subsidios al gas lograra la media sanción en la Cámara de Diputados, los mandatarios provinciales decidieron paralizar por completo el avance del proyecto en la Cámara Alta. En el centro neurálgico de esta resistencia territorial se ubica el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien junto a sus pares de la región fijaron una postura intransigente: no habrá luz verde en el Senado sin el cumplimiento efectivo de los compromisos financieros y tarifarios asumidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El conflicto deja al descubierto la fragilidad de los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las provincias dialoguistas. Tras la caída de diversos capítulos legislativos en el Congreso impulsados por la administración central, la agenda parlamentaria vuelve a quedar supeditada a las demandas de los distritos subnacionales, que exigen frenar la quita de beneficios energéticos sin que existan contraprestaciones concretas para las economías regionales.

La exigencia salteña y la reparación histórica para la zona cálida

Desde la perspectiva política del gobierno salteño, el esquema planteado por la administración central adolece de un severo sesgo geográfico e inequidad federal. La iniciativa promovida por el Ministerio de Economía busca desmantelar el modelo vigente desde 2021, recortando los descuentos automáticos en la tarifa de gas para amplias franjas territoriales del país y limitando la cobertura de «efectiva severidad climática» casi exclusivamente a la Patagonia y la Puna.

Para Gustavo Sáenz, esta reformulación ignora de manera sistemática la realidad climática y socioeconómica del NOA y el NEA. En provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco o Misiones, los meses de verano registran olas de calor extremas e ininterrumpidas donde el consumo de energía eléctrica deja de ser un consumo suntuario o de confort para convertirse en un elemento básico de subsistencia y salud pública. La electrodependencia estival del norte requiere, en la visión del mandatario salteño, el mismo amparo estatal que históricamente se le ortogó al sur para enfrentar las bajas temperaturas invernales.

Frente a esta disparidad, Sáenz condicionó de forma tajante el tratamiento de la ley en la Cámara Alta a la formalización e institucionalización del concepto de «Zona Cálida». Las promesas verbales realizadas por el Palacio de Hacienda durante el debate en Diputados —que incluían exenciones impositivas sobre la energía eléctrica para compensar la pérdida de subsidios al gas— no se materializaron tras meses de espera. Ante este incumplimiento, la decisión del gobernador salteño fue inflexible: exigir que los beneficios impositivos y tarifarios para las provincias norteñas queden garantizados por ley nacional o formalizados mediante decreto del Poder Ejecutivo antes de que el Senado discuta cualquier articulado.

La grieta financiera de Cammesa y el asedio a los presupuestos provinciales
La disputa energética va más allá del impacto directo en las boletas residenciales de los usuarios e ingresa en el sensible terreno del saneamiento financiero de las empresas distribuidoras y transportistas. El proyecto de ley diseñado por el Ejecutivo establece un mecanismo excepcional de cancelación de deudas acumuladas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, permitiendo que las firmas de jurisdicción federal compensen sus pasivos mediante créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

Sin embargo, el articulado elaborado por el oficialismo excluyó a las distribuidoras provinciales y municipales de esta ingeniería financiera. La normativa delega en los gobiernos locales la tarea de calcular los saldos correspondientes, advirtiendo explícitamente que cualquier diferencia adeudada a Cammesa deberá ser afrontada de manera exclusiva con los presupuestos subnacionales, sin ningún tipo de asistencia o compensación de la Nación.

Sáenz y sus pares de la región denunciaron que este esquema configura una clara discriminación que asfixia las arcas provinciales. Las distribuidoras locales han debido amortiguar durante años el congelamiento de tarifas dictado por políticas nacionales, por lo que pretender que las provincias absorban en solitario los quebrantos con Cammesa resulta fiscalmente inviable. La demanda de equiparar a las empresas subnacionales con las federales se convirtió, así, en un segundo punto innegociable para desbloquear la discusión parlamentaria.

La cumbre de Posadas: hacia la consolidación de un bloque regional

Ante la falta de interlocución efectiva y la ausencia de respuestas por parte del Palacio de Hacienda a casi tres meses de la votación en la Cámara Baja, el gobernador de Salta y los mandatarios del Norte Grande resolvieron dotar de volumen político a su reclamo mediante la convocatoria a una cumbre regional en Posadas. El encuentro tiene como propósito central unificar la posición del bloque y redactar un proyecto de ley propio que fije por estatuto la tarifa diferenciada para zonas de altas temperaturas, prescindiendo del esquema condicionado que intenta imponer el Ejecutivo.

La determinación del mandatario salteño de encabezar este frente común envía una señal inequívoca hacia Balcarce 50: la predisposición al gobernabilidad y al acompañamiento legislativo que mostraron los bloques provinciales al inicio de la gestión oficial no representa una adhesión incondicional. Al congelar el tratamiento de la norma en la Cámara Alta, Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte reafirman su capacidad para marcar los tiempos de la agenda política, demostrando que cualquier intento de reestructuración económica o tarifaria requerirá, de forma ineludible, una negociación federal que contemple las asimetrías históricas del país.

El Intra