La Auditoría General de la Provincia detectó inconsistencias en las cuentas de El Galpón y Aguas Blancas correspondientes a 2020. En El Galpón aparecen casi $12 millones en pagos sin destinatarios verificables y una empresa que obtuvo derechos de cobro antes de ser formalmente contratada.

La Auditoría General de la Provincia detectó inconsistencias en las cuentas de El Galpón y Aguas Blancas correspondientes a 2020. En El Galpón aparecen casi $12 millones en pagos sin destinatarios verificables y una empresa que obtuvo derechos de cobro antes de ser formalmente contratada.

Dos municipios de Salta quedaron bajo la lupa luego de que la Auditoría General de la Provincia publicara informes sobre el manejo de fondos públicos durante el ejercicio 2020. Se trata de El Galpón y Aguas Blancas, donde los auditores detectaron pagos sin documentación suficiente, contrataciones cuestionadas, compras directas, gastos superiores a los presupuestados y serias deficiencias en los mecanismos de control.

Los documentos, publicados el pasado 27 de julio y desarrollados a lo largo de 105 páginas, exponen situaciones diferentes en ambas administraciones. Sin embargo, El Galpón aparece como el municipio alcanzado por algunas de las observaciones más relevantes, entre ellas pagos por $11,8 millones sin documentación que permitiera identificar adecuadamente a los beneficiarios y una polémica secuencia administrativa relacionada con la contratación de una empresa para una obra de pavimentación.

El Galpón: $11,8 millones bajo la lupa de la Auditoría

Uno de los principales cuestionamientos corresponde al Programa Municipal de Empleo, Trabajo y Crecimiento. Durante 2020, la Municipalidad de El Galpón registró pagos por aproximadamente $11,8 millones, pero no presentó ante los auditores fichas de inscripción, contratos, nóminas de beneficiarios ni documentación que acreditara las tareas realizadas.

La falta de esos elementos impidió verificar quiénes recibieron el dinero y cuáles fueron las contraprestaciones efectuadas. Frente a esta situación, la Auditoría indicó que no pudo obtener “certeza razonable sobre la legalidad de los desembolsos” ni sobre las tareas efectivamente cumplidas. Pero este no fue el único punto que llamó la atención del organismo de control.

Valle Vial: una cesión de crédito anterior a la contratación

Otro de los episodios más llamativos involucra a Valle Vial S.A., empresa contratada para ejecutar una obra de pavimentación en El Galpón. La cronología registrada por los auditores constituye uno de los aspectos centrales del informe.

Según la documentación, el 3 de junio de 2020 la Municipalidad de El Galpón cedió a Valle Vial un crédito superior a $3,2 millones. Sin embargo, la convocatoria a proveedores se realizó recién el 11 de junio. Las ofertas fueron recibidas y abiertas el 16 de junio, mientras que el contrato con Valle Vial se firmó finalmente el 19 de junio. En otras palabras, la empresa había obtenido el derecho a cobrar antes de que se completara formalmente el procedimiento mediante el cual terminó siendo seleccionada.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por otra fecha consignada en el expediente. La obra sería financiada con fondos provinciales y la Secretaría de Obras Públicas formalizó su ejecución a través de la Municipalidad de El Galpón el 11 de junio de 2020, con un presupuesto oficial de aproximadamente $8,2 millones. No obstante, ocho días antes, el municipio ya había cedido a Valle Vial el crédito correspondiente al anticipo.

La Auditoría cuestionó el procedimiento

El intendente de El Galpón era entonces Federico Sacca, quien continúa actualmente al frente del municipio. Valle Vial, por su parte, tenía en 2020 como presidente de su directorio al ingeniero Federico Irigoyen y acumulaba antecedentes como contratista del Estado salteño desde años anteriores.

La secuencia de fechas no constituyó la única observación. De acuerdo con el informe, el municipio tampoco confeccionó el legajo requerido para la contratación, no presentó constancias de haber solicitado autorización a la Secretaría de Obras Públicas para subcontratar la ejecución de los trabajos y realizó la cesión de sus derechos de cobro sin autorización del Concejo Deliberante.

Ante estas irregularidades administrativas, los auditores concluyeron que el procedimiento incumplió principios de “legalidad, competencia, transparencia e igualdad entre oferentes”.

Otros $10,7 millones sin documentación respaldatoria

Las observaciones sobre la administración de El Galpón no terminaron allí. La Auditoría detectó aproximadamente $10,7 millones en anticipos financieros y servicios de mano de obra que no contaban con certificados de avance, facturas o recibos suficientes para comprobar el destino de los recursos.

En algunos expedientes, el respaldo disponible se limitaba a una nota dirigida al secretario de Gobierno y Finanzas solicitando la realización del pago. Otro dato resulta especialmente significativo para dimensionar las falencias en la registración del gasto: casi el 70% de los egresos realizados durante 2020 fueron contabilizados bajo la categoría “Sin Definir”.

Se trata de aproximadamente $160,2 millones para los cuales la clasificación contable utilizada no permitía precisar adecuadamente la finalidad o función a la que habían sido destinados.

Aguas Blancas también quedó bajo la lupa

El segundo municipio alcanzado por los informes fue Aguas Blancas, ubicado en el departamento Orán. Allí, la Auditoría detectó compras directas realizadas sin solicitudes de presupuestos y sin documentación suficiente que acreditara procedimientos de licitación, adjudicación o contratación abreviada.

Uno de los ejemplos más importantes fue la compra de combustible. El municipio gastó aproximadamente $2,2 millones durante 2020 y, de acuerdo con los auditores, por el monto involucrado correspondía realizar una licitación pública y convocar a distintos proveedores. El procedimiento exigido, sin embargo, no quedó debidamente acreditado.

Por lo tanto, las observaciones también alcanzaron al manejo presupuestario de Aguas Blancas. La administración municipal realizó gastos por encima de los montos autorizados e incorporó partidas que originalmente no disponían de crédito presupuestario.

Las dietas y remuneraciones correspondientes al Concejo Deliberante excedieron en $232.467 el monto aprobado. Los honorarios profesionales superaron el límite en $137.730, mientras que los gastos correspondientes a transporte lo hicieron en $124.956.

También aparecieron gastos que originalmente no estaban previstos para consorcios, refacciones, instrumentos destinados a una banda de música y diferentes obras. Según la Auditoría, estos compromisos fueron asumidos sin respetar los límites establecidos por el presupuesto municipal.

El informe sobre Aguas Blancas también puso el foco en las debilidades de los mecanismos internos de control. La comuna no tenía un área de control interno, carecía de un organigrama formalmente aprobado y tampoco publicaba sus ordenanzas.

A las falencias administrativas se sumaron diferencias en los registros contables. El municipio dejó fuera de sus estados créditos a su favor por aproximadamente $3,7 millones y declaró una deuda con Rentas de $594.434. Sin embargo, los auditores determinaron que las retenciones realizadas y no depositadas superaban los $1,1 millones.

La Auditoría consideró razonables determinados estados de recursos y gastos, aunque estableció salvedades significativas. Al mismo tiempo, concluyó que la Situación del Tesoro y el Estado de la Deuda “no reflejaban razonablemente las cuentas municipales”. Sobre el patrimonio, el organismo no pudo emitir una opinión debido a las limitaciones de la información proporcionada.

Dos municipios y serios interrogantes sobre el manejo de fondos públicos

Los informes sobre El Galpón y Aguas Blancas exponen problemas que van más allá de simples errores de registración. Las observaciones de la Auditoría muestran deficiencias en procedimientos de contratación, documentación, ejecución presupuestaria y mecanismos de control que dificultaron reconstruir con claridad el destino de una parte de los recursos municipales.

El caso de El Galpón sobresale por la magnitud de algunas cifras y, especialmente, por la cronología de la contratación de Valle Vial: una empresa que recibió la cesión de un crédito millonario antes de que se realizara la convocatoria a proveedores, se abrieran las ofertas y se firmara el contrato.

Seis años después del ejercicio auditado, los documentos oficiales ponen nuevamente en discusión una cuestión central para las administraciones municipales de Salta: cómo se utilizan, documentan y controlan los recursos públicos y qué mecanismos existen para garantizar transparencia en cada peso administrado por los gobiernos locales.

Fuente: Gente de Salta