El anuncio (con sordina) de una posible reapertura de la investigación del horrendo doble crimen de las turistas francesas ha sido recibida en Salta, y en otros lugares, con una mezcla de júbilo restringido y escepticismo incrédulo por una sociedad que, ni por las tapas, se parece a la de 2011.
Se alegran quienes (ingenuamente) albergan la ilusión de que el nuevo impulso -que, según han dicho, el sistema quiere imprimir a la causa- consiga finalmente hallar la verdad, identificar a los autores de los crímenes y castigarlos como se merecen.
Muestran recelo y desconfianza, en cambio, quienes piensan que en los últimos 14 años la justicia de Salta, a pesar de su crecimiento y renovación, no ha conseguido mejor cosa que blindar y extender la vigencia del pacto de impunidad y de silencio que viene oscureciendo la verdad desde hace casi tres lustros.
Lamentablemente, los hechos más recientes parecen darle la razón a los segundos. La designación de los fiscales que apoyarán la investigación judicial y el nombramiento del propio instructor han recaído sobre personas que ya estaban dentro del sistema en 2011.
Desde aquellos días hasta hoy estas mismas personas han tenido participación diversa en asuntos judiciales e incidentes que directa o indirectamente están relacionados con el hecho principal y que algunos señalan como «actividades periféricas», pero que en el fondo apuntan directamente a reforzar el pacto de impunidad y de silencio.
Pero tanto entusiastas como escépticos coinciden en un punto central: las instituciones judiciales de Salta, en casi todos los niveles, no ofrecen suficientes garantías de imparcialidad, de transparencia, de independencia y de eficacia. Muchos insisten en recordar que una «hipótesis alternativa» al relato elaborado desde el poder fue probablemente lo que le costó la vida al comisario Néstor Piccolo en noviembre de 2011.
Pero aquel poder monolítico de 2011, ese mismo que pretendió echar un grueso manto de impunidad sobre el asunto y barrer la basura debajo de la alfombra; el poder que condenó a tres perejiles sin fortuna, se ha resquebrajado con el paso del tiempo de una forma notable. Su influencia y su capacidad para corromper las instituciones ya no son las mismas, aunque sus personeros y sus valedores sigan siendo los mismos, y algunos estén ya al borde del retiro.
Han pasado 14 años, y así como ha crecido la capacidad operativa de los investigadores (policiales y fiscales), se ha contraído significativamente el poder de los que controlaban todos los resortes de la justicia penal salteña en la época en que se cometieron los crímenes. La sociedad salteña, perpleja e indefensa en 2011, está hoy mucho más atenta a los movimientos de los influyentes y no tolerará una nueva burla a la verdad, sea en forma de prescripción o en forma de archivo, ni la condena falaz de otros perejiles. Los salteños no aceptarán ahora otra cosa que no sea la verdad. Ni sentencias smart, ni razonamientos alambicados: verdades como puños es lo que quiere el soberano.
Tanto el juez Riera como los fiscales Sodero, Paz y González están ahora bajo siete focos. Ninguno de ellos seguramente quiere pasar a la historia con el ignominioso apelativo de lâche que hoy adorna el currículum del juez Martín Fernando Pérez. Pero tampoco ninguno de ellos quiere jugarse la vida a lo Piccolo.
Por este motivo, la investigación que previsiblemente se abrirá en los próximos meses no debe limitarse -como ha dicho el Procurador General- a «escuchar lo que los franceses tienen para decir» (lo cual sería indigno, soberbio y tramposo), sino que debe investigar a fondo toda la evidencia científica reunida a los dos lados del Atlántico, para, en base a ella, dar con los perpetradores y meterlos en la cárcel.
Riera, Sodero, Paz y González deben acumular todas las causas conexas (aunque a algunos de ellos -o a todos- les cueste su abstención o recusación) y lanzar una gran operación, no solo contra los verdaderos culpables, sino contra quienes hasta aquí los han encubierto y han intentado desviar la investigación, plantando pruebas, torturando detenidos, ascendiendo a policías torturadores e intentando involucrar en los hechos a personas notoriamente ajenas a los mismos.
La justicia de la Provincia de Salta tiene una doble deuda: una con Francia y la familia de las víctimas (que se saldará cuando los verdaderos culpables sean hallados y condenados con todo el rigor de nuestra ley); y otra con los salteños, que no se conformarán ya con saber quiénes fueron los torturadores, violadores y asesinos de las turistas francesas, sino que reclaman a gritos y con razones de mucho peso conocer el nombre de quienes durante 14 años han encubierto a los autores. Se ha de procurar un digno castigo también para estos.
Si Salta no juzga y castiga (y no en falso, como lo ha hecho anteriormente), quien juzgará y castigará será Francia. Tiene toda la legitimidad jurídica y moral para hacerlo. Si lo hace, por favor que no sea por nuestra desidia o por algún pacto de impunidad y de silencio. Las dos cosas serían vergonzosas.
Riera, Sodero, Paz y González tienen, evidentemente, una patata caliente en las manos; un expediente que quema con solo mirarlo a la distancia. A pocos seguramente les gustaría estar en los zapatos de cualquiera de los tres.
Pero los tres también tienen una oportunidad única de dignificar su profesión como servidores públicos, lo cual no conseguirán si -como se malician algunos- su designación forma parte del nefando pacto de impunidad y de silencio que tanta vergüenza ha traído a Salta, a los salteños y a sus instituciones.
Ellos han sido llamados a dinamitar ese pacto… o, quién sabe si no, a honrarlo, con las consecuencias que para sus carreras y sus vidas pudiera eso llegar a tener.
