Proveedores mineros denuncian “asfixia financiera” y anticipan nuevas demandas contra POSCO

Luego de que POSCO afirmara que la medida cautelar alcanza solo los USD 350.000, el abogado Nicolás Maggio reconfirmó el embargo preventivo sobre las cuentas de la minera y aseguró que en el expediente se reconoce una suma cercana a los dos millones de dólares. Además, anticipó nuevas presentaciones de proveedoras salteñas.

El conflicto judicial entre POSCO Argentina y una empresa proveedora salteña podría extenderse a nuevos reclamos. Nicolás Maggio, abogado de firmas vinculadas a la actividad minera, aseguró que otras compañías locales se comunicaron con su estudio para denunciar presuntos incumplimientos contractuales, demoras en los pagos y graves consecuencias financieras.

Durante una entrevista en el programa televisivo 365 TV, el letrado ratificó que continúa vigente el embargo preventivo sobre las cuentas de la compañía coreana. Según precisó, la medida cautelar fue dispuesta para garantizar el cobro de certificados correspondientes a una obra de infraestructura que ya fue terminada y se encuentra en funcionamiento.

Maggio explicó que el reclamo comenzó hace más de un año y que, antes de recurrir a la Justicia, se intentaron diferentes instancias de negociación y mediación. Sin embargo, sostuvo que no existió una propuesta concreta para resolver la deuda, pese a tratarse de una multinacional de reconocida solvencia económica.

“Más de un año. Siempre se intentó llegar a un acuerdo y es raro que, tratándose de una empresa tan grande, no se haya podido resolver en términos prejudiciales”, señaló.

El abogado aclaró que el embargo no representa una sentencia definitiva sobre el conflicto. La cautelar comprende únicamente los montos que, según indicó, ya fueron reconocidos por POSCO, mientras que la demanda principal incluiría una suma considerablemente mayor por daños, perjuicios, costos operativos, gastos financieros y afectación de la reputación comercial de la contratista.

POSCO informó un embargo por USD 350.000

Tras la difusión pública del conflicto, POSCO Argentina emitió un comunicado en el que calificó el caso como una controversia comercial con una empresa contratista vinculada a la ejecución de obras de infraestructura.

La compañía señaló que las partes mantienen diferencias respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las liquidaciones correspondientes. También informó que inició las acciones legales que considera necesarias para resguardar sus derechos e intereses.

En relación con la medida cautelar, la minera negó que exista un congelamiento de cuentas por varios millones de dólares. Según la versión oficial de la empresa, el embargo vigente alcanza aproximadamente los 350.000 dólares, una suma “significativamente inferior” a la mencionada en distintas publicaciones.

POSCO sostuvo además que, debido al receso judicial vigente en la provincia de Salta, todavía no había podido acceder oficialmente a la totalidad de las actuaciones. Por esa razón, consideró que cualquier interpretación sobre una supuesta valoración del tribunal correspondía a manifestaciones de una de las partes y no a una decisión definitiva de la Justicia.

Maggio ratificó una cautelar por dos millones de dólares

Frente a esa postura, Maggio reconfirmó que las cuentas de POSCO fueron embargadas y afirmó que la suma alcanzada por la medida ronda los dos millones de dólares.

El abogado aseguró que los propios representantes de la minera reconocieron en el expediente la existencia del embargo y solicitaron sustituirlo por una caución. Según manifestó, esa presentación judicial no coincide con lo expresado públicamente por la compañía.

“Comunicacionalmente dijeron una cosa hacia afuera, pero lo que está sucediendo en el expediente es otra”, cuestionó el letrado.

Maggio reconoció, no obstante, que la cuestión de fondo todavía debe resolverse y que la medida cautelar tiene carácter preventivo. Explicó que fue solicitada para garantizar un eventual cobro ante la falta de acuerdo entre las partes y el tiempo transcurrido desde el inicio del reclamo.

“La cuestión cautelar es exclusivamente sobre los montos que POSCO ya reconoció. El reclamo de fondo es muchísimo mayor”, indicó.

Según el abogado, la cautelar representaría apenas entre el 20% y el 30% del reclamo total. La demanda principal incluye diferencias contractuales, costos financieros, gastos operativos, daños y perjuicios y una eventual afectación reputacional sufrida por la contratista.

Una obra terminada y en funcionamiento

El representante legal aseguró que el trabajo involucrado en la controversia corresponde a un acueducto que ya fue concluido, entregado y actualmente se encuentra funcionando dentro del proyecto minero.

“La empresa minera POSCO tiene su acueducto, está funcionando y le está sirviendo para generar mucho dinero, pero no paga esa obra”, sostuvo.

Maggio explicó que durante la ejecución de los trabajos se habrían producido demoras en la entrega de materiales que estaban a cargo de la minera. Esos retrasos obligaron a la contratista a mantener durante meses al personal en el campamento, afrontar traslados, alojamiento, alimentación y otros gastos que no estaban contemplados originalmente.

“Si la minera debía entregar los materiales y llegaron tres meses después, ese tiempo tiene un costo operacional muy elevado. No corresponde que lo asuma la contratista”, planteó.

De acuerdo con su relato, la acumulación de gastos y la falta de pago habrían colocado a la firma salteña en una situación cercana a la cesación de pagos, con dificultades para cubrir cheques, cumplir con otros proveedores y sostener las obligaciones laborales.

Maggio remarcó que el impacto no se limita a los propietarios de las contratistas, debido a que detrás de estas empresas existen trabajadores, proveedores y servicios salteños.

“Los empleados son salteños y la provisión es salteña. La empresa local termina absorbiendo ante la sociedad el desfasaje financiero provocado por la minera”, expresó.

Denunció un “abuso de posición dominante”

El abogado sostuvo que, a partir de las consultas recibidas por otras proveedoras, identificaron una modalidad de contratación que se repetiría en distintos rubros, como infraestructura, alimentación, mantenimiento y servicios de campamento.

Según describió, durante la ejecución de los contratos las empresas mineras solicitarían prestaciones adicionales o modificaciones sobre los trabajos originales, en algunos casos sin formalizarlas mediante adendas.

Al momento de certificar y pagar, surgirían luego objeciones sobre servicios que no quedaron debidamente documentados o que fueron acordados con funcionarios de la compañía que posteriormente dejaron sus cargos.

Maggio calificó esta situación como un “abuso de posición dominante”, debido a la diferencia económica y contractual existente entre una multinacional y las pequeñas o medianas proveedoras locales.

“Te dicen que sigas avanzando y que después van a pagar. Mientras tanto, el costo financiero y operacional lo asume el contratista”, explicó.

El abogado indicó que las proveedoras continúan trabajando porque retirar al personal de los campamentos, interrumpir la obra y volver a movilizarlo representa un costo todavía mayor. En ese proceso, las empresas locales se endeudan para mantener la actividad y terminan perdiendo sus márgenes de rentabilidad.

Nuevos reclamos en análisis

Maggio aseguró que, luego de conocerse el embargo preventivo, numerosas proveedoras mineras se comunicaron con su estudio para relatar situaciones similares.

“Muchas empresas locales de la provincia de Salta están en iguales o peores circunstancias. Algunas ya están fallidas”, advirtió.

El letrado señaló que algunas firmas habrían evitado reclamar por temor a perder futuros contratos con las compañías mineras.

“Los proveedores decían que, si hacían un reclamo a POSCO, nunca más los iban a contratar o los podían poner en una lista negra”, afirmó.

Finalmente, anticipó que se encuentran analizando nuevas presentaciones judiciales por parte de empresas salteñas que habrían prestado servicios y ejecutado obras sin recibir la totalidad de los pagos acordados.

“Si no reclamamos nosotros por lo que corresponde, ¿quién lo va a hacer por nosotros?”, concluyó.

Profesional FM