La Justicia de Salta dio luz verde a un protocolo que garantiza el acceso a la educación superior para las personas privadas de la libertad.

La Justicia de Salta homologó un acuerdo que busca garantizar el derecho a la educación superior de las personas privadas de la libertad en las cárceles de la provincia.

La resolución fue firmada por la jueza de Minas María Victoria Mosmann, en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que denunciaba obstáculos para que los internos pudieran acceder a estudios universitarios.

Del acuerdo también participaron el Gobierno de Salta, el Servicio Penitenciario de Salta, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Qué establece el nuevo protocolo

El documento aprobado por la Justicia fija las reglas para organizar las actividades universitarias dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, buscando compatibilizar el derecho a la educación con las medidas de seguridad.

Entre sus principales puntos, el protocolo:

• Reconoce a la educación como una herramienta de desarrollo personal y reinserción social.
• Promueve la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
• Prohíbe expresamente «todo trato denigrante» hacia los estudiantes privados de la libertad.
• Establece mecanismos de coordinación entre el Servicio Penitenciario y las universidades.

Habrá una comisión de seguimiento

Uno de los cambios más importantes será la creación de una Comisión de Seguimiento Universitario.

Estará integrada por representantes del Servicio Penitenciario, de las universidades, del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y contará, por primera vez, con la participación de dos estudiantes privados de la libertad.

Uno representará a las unidades penitenciarias de varones y otro a las de mujeres. Ambos serán elegidos por sus propios compañeros.

La demanda surgió por restricciones al acceso

El proceso judicial comenzó luego de que la Asociación Gremial de Abogados denunciara que existían dificultades para que los internos pudieran asistir a clases universitarias, principalmente por problemas vinculados con los traslados y el acceso a las actividades académicas.

Durante la causa se realizaron inspecciones en distintas unidades penitenciarias y audiencias con la participación de internos, autoridades provinciales, representantes de la UNSa, del Servicio Penitenciario y del Comité contra la Tortura.

Como resultado de ese trabajo conjunto, las partes acordaron el nuevo protocolo, que ahora tendrá cumplimiento obligatorio en todo el sistema penitenciario provincial.

QPS