Los auditores detectaron que más de 7 millones de pesos provenientes de un excedente de recaudación fueron gastados en erogaciones corrientes sin haber pasado por la correspondiente ampliación presupuestaria.

El actual ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, quedó en el foco de la Justicia luego de que la Auditoría General de la Provincia aconsejara al Concejo Deliberante de Tartagal la desaprobación técnica de las cuentas municipales de 2020, período en el que estuvo al frente del municipio.

El dictamen técnico, emitido por el organismo fiscalizador, ya fue remitido al actual jefe comunal, Franco Hernández Berni, para su correspondiente tratamiento legislativo.

Los desajustes presupuestarios y las sombras en la recaudación

El análisis sobre los libros contables reveló una severa desconexión entre el dinero que ingresó a las arcas comunales y lo que formalmente se asentó en los papeles durante la gestión de Mimessi. Los auditores detectaron que más de 7 millones de pesos provenientes de un excedente de recaudación fueron gastados en erogaciones corrientes sin haber pasado por la correspondiente ampliación presupuestaria.

A esta inconsistencia en los ingresos se sumó un desfase superior a los 7 millones de pesos en el registro de las deudas con proveedores, provocado por la ausencia de mecanismos fiables para cruzar los compromisos asumidos con los pagos efectivamente realizados. Desde la comuna adujeron en su momento fallas en el software administrativo, argumentación que no bastó para desestimar la reprimenda del organismo de control.

Fondos sin justificar y desmanejos patrimionales

El desfasaje en los registros financieros alcanzó guarismos aún más elevados al momento de evaluar los movimientos de Caja y Bancos, donde se constató una variación positiva de 56 millones de pesos que no fue expuesta respetando las normativas vigentes. Paralelamente, la administración omitió asentar más de 3 millones de pesos retenidos por el Instituto Provincial de Vivienda en concepto de Fondos de Reparos, atribuyendo el descuido a la disrupción administrativa generada por la pandemia de COVID-19. La nómina de irregularidades afectó también al patrimonio inmobiliario: el municipio declaró un valor muy inferior al registrado por la Dirección General de Inmuebles y dejó fuera del inventario oficial a 457 propiedades a su nombre, lo que desde la propia comuna calificaron como un mero descuido burocrático.

Dudas sobre asistencia social y empresas municipales

Uno de los capítulos de mayor repercusión involucra a la asistencia social directa mediante el programa Tartagal Trabaja. La auditoría no logró constatar el destino ni la efectividad de más de 20 millones de pesos destinados a subsidios con contraprestación laboral debido a la ausencia total de documentación de respaldo, tal como planillas de beneficiarios, padrones de altas y bajas o certificados de tareas realizadas.

Si bien esto no implica necesariamente un desvío de fondos, sí impidió al órgano fiscalizador validar la transparencia de las erogaciones. A esta falencia se le añadió la omisión completa de los balances de la sociedad del Estado Tartagal Productiva dentro de la rendición general.

El alcance institucional de la advertencia técnica

Durante la fase de descargos, el exjefe comunal logró aportar elementos suficientes para que la Auditoría levantara 17 de las objeciones iniciales. Sin embargo, el volumen y la gravedad de los señalamientos persistentes motivaron la recomendación de observar la Cuenta General. En el ámbito legal y administrativo, este dictamen no representa una sentencia judicial ni la ratificación de un ilícito penal, sino la constatación de severas fallas en el control interno que impiden otorgar un respaldo técnico a la gestión de los fondos públicos durante dicho ejercicio.

Más allá de los ribetes técnicos del informe, el impacto político no tardó en trasladarse al centro del poder provincial. En los pasillos de la Casa de Gobierno en Grand Bourg corre con fuerza el rumor de que el gobernador Gustavo Sáenz ya le habría «picado el boleto» al funcionario tartagalense, ubicándolo en la lista de los próximos salientes dentro de la remodelación del gabinete ejecutivo.

El Intra