En solo una semana, Cerrillos pasó de ser la “Capital nacional del Cerdo Negro” a la comidilla de los cafés por la imputación por trata laboral a José “Kiko” Fernández.

El 26 de agosto pasado, el Congreso de la Nación aprobó la ley que declaró oficialmente a San José de los Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro, un proyecto de la salteña Yolanda Vega que logró unanimidad de votos afirmativos. La distinción tiene que ver con los productos gourmet que producen en el establecimiento, logrados por el cruce de razas y la alimentación a base de bellotas de los cerdos con los que se eleboran. Es así que los jamones se sienten al paladar como la estrella de la gastronomía española. 

Justo una semana más tarde de la puesta en valor del municipio salteño, el juez Diego Anzorreguy imputó por trata de personas con fines de explotación laboral al dueño del famoso emprendimiento, por una investigación iniciada tras una denuncia al Ministerio de Seguridad, a través de la línea gratuita 145.

Según lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la situación financiera del empresario, registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una suma similar en lo que va de este año. Comprar 100 gramos de jamón crudo reserva cuesta 60 mil pesos. Sin embargo, los sueldos de los trabajadores, en general, no llegaban a los 500 mil mensuales, según consta en la investigación.

En una entrevista con Aries, Nicolás Escándar, el defensor público federal de las siete víctimas por las cuáles se imputó a Kiko Fernández, dio detalles de la investigación que se hizo pública luego de allanamientos en el establecimiento Cerdo Negro. La inspección por parte de ARCA con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), dio cuenta de la explotación laboral de trabajadores que no tenían vacaciones, aguinaldo, ni licencias por enfermedad y residían dentro de la finca en condiciones deplorables.

¿Cómo inició esta causa y qué es lo que encontraron una vez que hicieron los allanamientos?

La causa inició con una denuncia a la línea 145, que es donde se puede anoticiar este tipo de delitos. Es una denuncia anónima y daba cuenta de la situación de un trabajador que había sufrido un accidente y que a raíz de eso había tenido que ser atendido en el hospital y cuando regresó a la empresa le dijeron que día no trabajado iba a ser día no cobrado, razón por la cual tuvo que reincorporarse anticipadamente al trabajo.

Esta denuncia daba cuenta de esa situación y además que la vivienda del trabajador, no contaba con los servicios adecuados, que dormía sobre pallets, que usaba una letrina como baño, sin agua, que tenía que calentar agua con leña para bañarse.

A raíz de eso se inicia la investigación -que ha sido bastante completa y diligente por parte del Ministerio Público Fiscal- y se empieza a tomar testimonial a otras víctimas, con lo que se puede formar la hipótesis de que no era un caso aislado, sino que había varios trabajadores en esta situación. Específicamente siete que fueron las víctimas que se anoticiaron al imputado en la audiencia de formalización.

¿Las víctimas estaban registradas? ¿Todos hacían las mismas tareas?

Hacían diferentes tareas, pero estaban todos registrados como trabajadores del tabaco, eso también lo explicó el Ministerio Público Fiscal. Creemos que esta era una maniobra por parte del imputado para aliviar los costos porque la registración permite que haya un esfuerzo compartido entre el empleador y el Fondo Especial del Tabaco.

Pero lo grave es que más allá de la registración formal, los salarios se pagaban por debajo de lo que debía pagarse había un manejo discrecional del jornal, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había licencia por enfermedad o alguna otra cuestión. Sumado a eso, algunos trabajadores estaban en muy malas condiciones edilicias viviendo dentro de la finca.

¿Qué pasa con el criador de cerdos, tenía la vivienda cerca de los animales?

Ellos vivían también ahí, en una casa con mayores comodidades, pero lo que da cuenta la inspección de ARCA es que el olor era nauseabundo, que no se podía estar. Ese trabajador vivía ahí con su esposa y dos hijos, y ya estaban acostumbrados.

¿Qué pena le podría caber al empresario por estos hechos?

El delito imputado tiene una pena mínima de ocho años, es trata agravada por haber víctimas mayores de 70 años, por ser más de tres y por haberse consumado la explotación. La escala va de 8 a 12 años de prisión, pero estamos en una etapa muy incipiente de la investigación, recién se ha formalizado y hay seis meses para avanzar. En el marco del desarrollo de la investigación penal preparatoria vamos a ver si podemos llegar a alguna solución conciliatoria. Obviamente todo depende de la voluntad de las víctimas y, en ese caso, de la negociación debemos participar el fiscal y nosotros como Defensoría de Víctimas. De lo contrario, avanzamos hacia el juicio y hacia una eventual condena.

¿La conciliación podría excluir la prisión del imputado?

Hemos tenido algunos casos de imputaciones de trata laboral donde se han hecho conciliaciones reparatorias y eso ha culminado con el cierre de la causa.

Aries