En diálogo exclusivo con EL INTRA, las referentes Irene Cari e Isabel Soria denuncian que la falta de protocolos eficientes y la «complicidad estatal» transforman las desapariciones en sentencias de muerte.
A 11 años de la primera movilización histórica denominada Ni Una Menos, Salta llega a este 3 de junio con tres femicidios registrados en 2026 y una alarmante cifra de mujeres desaparecidas. En diálogo exclusivo con EL INTRA, las referentes Irene Cari e Isabel Soria denuncian que la falta de protocolos eficientes y la «complicidad estatal» transforman las desapariciones en sentencias de muerte.
Las mujeres de Salta vuelven a las calles este miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos, en un escenario marcado por la tensión política y una violencia de género que no da tregua. En lo que va de 2026, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) ya contabiliza al menos tres femicidios. Detrás de las cifras de Natalia Cruz en Campo Quijano o Vanesa García en la capital, subyace una crítica feroz al funcionamiento de las instituciones judiciales y policiales.
Isabel Soria: «Agostina se nos murió a todos como sociedad»
Para Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, el reciente caso de Agostina, la adolescente hallada sin vida tras días de búsqueda en Córdoba, es el espejo de un sistema que desprecia la vida de las menores. «Resulta gravísimo que una denuncia por la desaparición de una adolescente no haya recibido desde el primer momento la atención y urgencia que correspondían», advirtió Soria en diálogo con este medio.
La referente cuestionó con dureza la actuación de los operadores judiciales: «Ninguna menor desaparecida puede ser tratada como una adolescente rebelde o una joven que decidió ausentarse; esa mirada contribuye históricamente a la falta de respuestas oportunas». Según Soria, el tiempo es el factor determinante que el Estado ignora sistemáticamente: «Las 12 primeras horas son las de oro; cuando se minimiza una denuncia, se corre el riesgo de perder la vida».
Soria fue tajante al señalar que «la búsqueda de una menor no es lo mismo que la de un adulto; faltan protocolos nacionales y capacitación para los operadores judiciales». Finalmente, sentenció que la tragedia de la joven cordobesa interpela directamente a las instituciones: «A Agostina no se le murió solamente a la familia, se nos murió a todos como sociedad por culpa de un fiscal que minimizó la gravedad».
Irene Cari: violencia institucional y el «Estado cómplice»
Por su parte, Irene Cari, referente del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, planteó que la marcha de mañana se da en un contexto de «mucha tensión» y desprotección. «Este escenario es tan violento que femicidios como el de Agostina podrían haber sido evitados si el Estado estuviera más presente con políticas públicas de prevención», confirmó Cari.
Además, denunció que existe una jerarquización de las víctimas según su origen social. «El Estado es cómplice de que ciertas mujeres y ciertos cuerpos valgan más que otros según la clase social», acusó. También señaló que las víctimas que buscan respuestas suelen ser maltratadas por el propio sistema: «Reconocemos como violencia institucional la respuesta violenta que muchas veces reciben las mismas víctimas al reclamar justicia».
En su crítica al Gobierno provincial, Cari reveló una situación personal que ejemplifica la parálisis institucional: «Hace 6 años que vengo reclamando y nunca salió ninguna designación para ocupar el observatorio de violencia contra las mujeres, pese a haber ganado el concurso». Para la dirigente, el avance de discursos negacionistas agrava la situación: «El machismo femicida reacciona ante un sistema machista y patriarcal que oficialmente se está instalando en contra la vida de nuestras niñas».
Detalles de la marcha: Ciudad Judicial y Legislatura
La jornada de protesta en Salta comenzará temprano. A las 9:30, las organizaciones se concentrarán en la Ciudad Judicial para acompañar a familiares de víctimas y «madres protectoras» que denuncian la inacción de los tribunales.
Por la tarde, la convocatoria troncal será a las 17:30 en la Plaza 9 de Julio. El recorrido de este año ha sido ampliado estratégicamente para aumentar la visibilidad del reclamo: iniciará en la plaza central, avanzará por calle Córdoba, subirá por avenida San Martín hasta Pellegrini y luego se dirigirá hacia la Jefatura de Policía. El cierre será un acto de fuerte carga política frente a la Legislatura provincial, donde se exigirá que los diputados y senadores asuman su responsabilidad en la creación de leyes de protección integral.
Contexto: una provincia con «zonas grises»
La urgencia del reclamo se respalda en datos escalofriantes. Desde 2017 hasta marzo de 2026, Salta ha registrado 110 femicidios. Sin embargo, existe una «zona gris» denunciada por organizaciones feministas: entre 2023 y 2025 se contabilizaron 69 muertes violentas o dudosas que no fueron incorporadas a las estadísticas oficiales de femicidios, muchas de ellas investigadas sin perspectiva de género o archivadas.
Además, el Observatorio Popular Ñawi advierte sobre la desaparición de mujeres, acumulando 32 casos desde 2011 que el Estado no sistematiza de forma eficiente. Mañana, el grito de Ni Una Menos en Salta no será solo un recordatorio, sino una exigencia directa al gobernador Gustavo Sáenz y al sistema judicial por la implementación real de los protocolos de búsqueda y el cese de la violencia institucional que, como advierten las expertas, sigue costando vidas.
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