El interventor de Aguas Blancas volvió a insistir en una vieja cantinela. Alegó que los padrones del municipio no habían sido depurados correctamente.
Hace casi doce meses, recibimos una noticia aparentemente alentadora. El municipio de Aguas Blancas, bajo la intervención de Adrián Zigarán, combatiría el contrabando y narcotráfico. Su gran estrategia fue alambrar 200 metros de una frontera que se extiende por 760 kilómetros. Todos intuimos de inmediato que se trataba de un error garrafal o quizás de algún negociado espurio que escapaba a nuestra comprensión. Esa sospecha inicial se consolidó con fuerza poco después. El costo de ese alambrado perimetral, tan simbólico como breve, ascendió a la friolera de 36 millones de pesos.
Resulta inevitable hacer una comparación para dimensionar el gasto. En aquel momento, ese monto equivalía prácticamente a un departamento de dos dormitorios en la capital salteña. La relación entre costo y beneficio nos pareció, como mínimo, extremadamente sospechosa. Las cuentas claras y el chocolate espeso, dice el dicho popular. Aquí el chocolate parecía haberse evaporado por completo. La prueba de la inutilidad de la obra no se hizo esperar demasiado. Toneladas de droga siguieron colándose por Aguas Blancas hacia nuestro país, como si el alambrado fuera solo una anécdota paisajística.
Frente a esta evidencia, el interventor Zigarán salió a dar explicaciones en la prensa. Sus declaraciones, debemos admitirlo, no dejaron de ser creativas. En una de sus intervenciones más insólitas, señaló un peligro tecnológico. Advirtió que en el mercado se venden drones fumigadores con capacidad para cargar cien kilos. Afirmó que estos aparatos podrían ser usados tranquilamente para el narcotráfico. La imagen de naves no tripuladas sobrevolando el alambrado millonario tiene un punto tragicómico. Parece extraño que un funcionario fronterizo le dé semejante idea a los narcotraficantes.
Por otro lado, sus palabras demuestran un claro desconocimiento técnico. Los drones fumigadores profesionales están registrados y son monitoreados por ley. Si al interventor se le ocurrió su potencial uso delictivo, imagínense a los ingenieros que los diseñaron. Ellos lo pensaron muchísimo antes, estableciendo sistemas de seguridad y protocolos. Todo esto se implementa precisamente para evitar que sean utilizados con fines espurios. La innovación al servicio del campo, no del crimen organizado.
Podemos revisar las crónicas policiales de todo el mundo para buscar precedentes. El uso de drones para tráfico de drogas a granel no es un fenómeno común. Donde sí se detectaron casos fue en Europa, con una particularidad clave. Esos drones habían sido fabricados específicamente con ese fin delictivo. No fueron comprados en ningún mercado lícito de agroinsumos. Por lo tanto, carecían de cualquier tipo de control o registro oficial. La situación dista mucho de ser la que pinta el interventor.
Resulta profundamente llamativa la liviandad de estas declaraciones. Quien tiene la responsabilidad de controlar un municipio fronterizo habla con tanta libertad. Sus palabras suenan casi a un consejo no solicitado para los narcos. Les estaría indicando cómo podrían evadir a la policía y fuerzas de seguridad. Por si algún narcotraficante estaba escuchando, hacemos un paréntesis necesario. Esos drones fumigadores no les servirán de mucho para cruzar la frontera. No son como las viejas y resistentes avionetas, los drones se caen con relativa facilidad.
Interventor eterno
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, volvió a insistir en una vieja cantinela. Alegó que los padrones del municipio no habían sido depurados correctamente. Dijo que por esa razón no era posible realizar elecciones a intendente. Este argumento resulta curioso tras lo sucedido en el municipio de Morillo. Allí las elecciones se desarrollaron con absoluta normalidad hace apenas unas semanas. La atención se centra en un dato aún más revelador sobre su gestión.
Zigarán lleva más de un año al frente de una localidad con apenas 3078 habitantes. Es una población lo suficientemente pequeña como para hacer un censo puerta a puerta. Cualquier persona con iniciativa podría haber verificado el padrón en este tiempo. Si en un año no lo hizo, la conclusión es simple y contundente, no quiso hacerlo. Seguir utilizando esa excusa en una ciudad de unos pocos kilómetros cuadrados es inaudito. Denota una clara intención de permanecer en un cargo para el que no fue elegido. Y seguramente no sería electo si alguna vez se presentara a los votos.
El Intra
