Mercado San Miguel: la Municipalidad pide jury contra el juez Víctor Soria

El Ejecutivo presentó un pedido de juicio político y suspensión provisoria contra el Juez de Familia por polémicas cautelares que buscan paralizar obras terminadas en el subsuelo del paseo comercial incurriendo en numerosas irregularidades. La pulseada propuesta por el exadminsitrador del Mercado San Miguel, José «pepe» Muratore, con el aval cautelar del Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación, Víctor Raúl Soria, al ordenar paralizar obras en el subsuelo del paseo de compras derivó en el pedido de jury del magistrado. El escrito municipal que presentó el Procurador, Matías Risso, basada en las causales de «mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo», pone bajo la lupa una serie de decisiones adoptadas por el magistrado entre octubre y noviembre de 2026 en el expediente de amparo promovido por la Fundación San Miguel, presidida por el también exadministrador José «Pepe» Muratore. La ofensiva ocurre en un momento clave: las obras de recuperación integral del edificio, arrasado en buena parte por el incendio de noviembre de 2024, ya alcanzaron el 70% de ejecución en su primera etapa y tienen como horizonte de reapertura los primeros días de 2027. El pedido de Jury, que en caso de ser admitido requiere la inmediata suspensión del Juez, repasa el giro institucional ocurrido en el histórico predio céntrico. Si bien las ordenanzas municipales N° 12.371 y N° 15.151 fijaron el dominio comunal sobre los puestos y crearon el Ente Descentralizado Mercado San Miguel, la presentación sostiene que en gestiones anteriores se celebraron convenios con la Fundación San Miguel -entre ellos, un convenio de concesión del 30 de agosto de 2022 sobre el subsuelo- que presentaban conflictos de intereses (ambos a cargo de Muratore) y excedían el objeto del Ente. Tras el examen administrativo realizado por la intervención del Ente (Expediente N° 50026-SG-25), el 24 de julio de 2025 se dictó la Resolución N° 18/25, que declaró la inexistencia jurídica de aquellos acuerdos firmados por el propio Pepe Muratore. La Fundación interpuso un recurso de revocatoria en agosto de 2025, rechazado luego por la Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) mediante la Resolución N° 39/2026 (notificada el 21 de octubre de 2026). Sin embargo, antes de que se resolviera ese recurso administrativo, la Fundación acudió nuevamente ante el juzgado de Soria el 29 de septiembre de 2026 con una acción de amparo y un pedido de medida de no innovar sobre el subsuelo y la ejecución de la Resolución N° 18/25.  Los tres ejes de la denuncia en el expediente 2026En la presentación ante el Jury, la Municipalidad aclaró que no busca que el órgano de enjuiciamiento revise el acierto técnico de un fallo como si fuera una instancia de apelación, sino que denuncia un patrón reiterado de conducta, extralimitación sobre facultades propias del Ejecutivo municipal y apartamiento grave de los deberes funcionales del también hincha antoniano, Víctor Raúl Soria. La cautelar del 15 de octubre: El Ejecutivo cuestiona que el magistrado haya concedido una medida de no innovar contra un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, pese a señalar él mismo en los considerandos que la medida coincidía con el fondo de la cuestión, sin tener por acreditados los presupuestos exigidos y sin fijar contracautela ni ponderar el interés público. jury listo (1).docx El rechazo de la recusación por sí mismo: Tras ser recusado con causa por la Municipalidad el 27 de octubre en su primera presentación —invocando el artículo 87 de la Constitución Provincial—, el juez rechazó el planteo in limine el 29 de octubre, sin formar incidente ni elevarlo al tribunal superior, calificando los argumentos comunales como hechos que «solo existen en su ideario personal» y denegando luego la apelación (lo que derivó en una queja ante la Corte de Justicia).  El giro del 10 de noviembre a partir de una nota periodística: Luego de haber rechazado el 3 de noviembre extender la cautelar a la Resolución N° 39/2026 —decisión que, según el escrito, no fue apelada—, el magistrado dictó el 10 de noviembre una resolución a raíz de que la Fundación denunciara como «hecho nuevo» una nota del portal Nuevo Diario de Salta titulada «El nuevo mercado San Miguel abrirá su primera etapa en 2027», que recogía declaraciones del intendente Emiliano Durand y del jefe de Gabinete Juan Manuel Chalabe. Para la Comuna, en ese pronunciamiento Soria amplió la prohibición de innovar sin dar traslado previo por «hecho nuevo», restó operatividad a la Resolución N° 39/2026 por una supuesta extemporaneidad no explicada en los considerandos y ordenó paralizar obras en el subsuelo al mismo tiempo que disponía constatar su existencia y alcance. Antecedentes y el impacto en la obra pública: «Si paramos, hay ue echar a 100 obreros»La denuncia contra el Juez Soria incorpora antecedentes que la Municipalidad presenta como «muestra de reiteración». Por un lado, una medida cautelar dictada por el mismo magistrado en diciembre de 2024 en torno al Mercado San Miguel tras el incendio (que motivó una presentación ante Superintendencia de la Corte de Justicia) que avaló una feria callejera en las inmediaciones del predio quemado; y por otro, el expediente «Alquimia S.R.L. c/ First Data S.A. y otro s/ amparo», donde se cuestiona el dictado de una cautelar millonaria sin contracautela suficiente que derivó en perjuicios irreparables para la parte demandada. Desde el punto de vista de la gestión urbana, el municipio advierte que frenar o entorpecer las tareas en el subsuelo —donde se proyecta recuperar el estacionamiento subterráneo dentro de una obra licitada con un 70% de avance— implica el riesgo de mayores costos, ampliaciones de plazos, eventuales reclamos de contratistas y la prolongación de gastos de alquiler hasta que el histórico mercado recupere su actividad. Incluso, el responsable de la empresa a cargo de la obra, Juan Carlos Segura, reveló este jueves que paralizar las obras por una cautelar del Juez Soria implicaría despedir a más de 100 trabajadores. «No nos llegó ninguna notificación, estimo que enviaron a la Municipalidad pero si tenemos que parar, tenemos que despedir a 100 personas», dijo el también presidente de la Cámara de la Construcción. Juez Récord  Con este pedido, el Juez Víctor Raúl Soria se transformó en el magistrado más polémico y con más denuncias en su contra en la Ciudad Judicial. La primera denuncia se remonta a diciembre de 2013, cuando Soria hizo lugar a un recurso de amparo que suspendió temporalmente la interrupción legal del embarazo de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar (fallo luego revocado por la Corte de Justicia de Salta). Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron el pedido en febrero de 2014 por mal desempeño, intromisión en la vida privada y violencia institucional contra la menor. El Ministerio Público Fiscal dictaminó recomendando abrir el jury pero tres meses después, en fallo dividido, el Jurado de Enjuiciamiento rechazó la acusación y archivó el pedido. El segundo pedido de destitución fue las denuncias por violencia de género reiteradas radicadas en su contra por la defensora oficial civil Natalia Buira (quien también obtuvo una orden de prohibición de acercamiento contra el magistrado). El entonces diputado provincial Héctor Chibán formalizó el pedido de jury incluyendo tanto los hechos de violencia de género en el ámbito laboral como presuntas irregularidades funcionales pero rápidamente el pedido fue desechado aunque días después, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género imputó penalmente a Soria por presunta desobediencia judicial al haber violado la perimetral en la Ciudad Judicial, causa en la que fue sobreseído en octubre de 2022.  Esa denuncia de Chiban, incluyó una queja de la AFIP porque habilitó el tránsito de más de 120 camiones cargados con harina que ingresaban desde Bolivia con destino a Jujuy, sorteando controles aduaneros/fiscales en una materia que correspondía estrictamente al fuero Federal (y de otra jurisdicción, Jujuy), no a un Juzgado de Personas y Familia de Salta.    Ante esa invasión de competencia, la AFIP presentó una denuncia formal contra Soria, pero lo hizo directamente ante la Corte de Justicia de Salta (solicitando sanciones disciplinarias/superintendencia), expediente que terminó sin sanciones para el magistrado. Aries