Según lo denunciado desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el listado de empleados estatales salteños que habrían percibido dicho beneficio sería de 434 y no 201, como se había difundido.

A medida que avanza la investigación, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, se van conociendo ciertos detalles de este nuevo caso de corrupción estatal, posiblemente el de mayor magnitud registrado en la provincia.

Por ejemplo, en los últimos días se conoció que el número de empleados estatales que cobraban la suma de 78 mil pesos en concepto de beneficio social enmarcado en el plan “Potenciar Trabajo”, asciende, en realidad, a 434, o sea, mucho mayor del listado de 201 trabajadores que fueron escrachado la semana pasada.

Este nuevo número, según lo informado a este medio, surge de una denunciada que realizó el propio fiscal Guillermo Marijuan, en su calidad de titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, un área perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En la denuncia, el fiscal, que inició la investigación a partir de una noticia criminis ante la entrevista a un empleado público de Tucumán, de la cual surgió la sospecha de esta modalidad de fraude, dio detalles de la investigación que realizó en torno a los empleados estatales registrados en Salta.

Indicó que las actuaciones comenzaron el 8 de noviembre pasado, fecha en que remitió al gobierno provincial una serie de requerimientos, entre ellos el listado de todos los empleados registrados en la planta de trabajo formal con dependencia del Estado.

Con esta información, la unidad fiscal realizó entrecruzamiento con el registro de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, tarea que estuvo a cargo de una experta del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, quien informó que la cifra de empleados públicos salteños que se repetían, entre los inscriptos con empleo forma y beneficiario del plan social, era de 434.

En función de este número, es que el propio Marijuan, en un escrito remitió al gobierno provincial, solicitó la suspensión de pago a dichos empleados, lo que no correspondía, puesto el plan social está dirigido a personas con alta vulnerabilidad económica y social.

Incompatibles

Cabe recordar que las bases del plan Potenciar Trabajo especifican que no pueden acceder al programa “aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.

En tal sentido y dado esta situación irregular, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó la baja de 4.588 planes Potenciar Trabajo. Posición muy distinta a la de su antecesora, Victoria Tolosa Paz, quien está imputada en otras dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.

A partir de estos elementos de pruebas, el fiscal acusó a los empleados de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. No obstante, dejó el avance del caso en manos del fiscal Toranzos, quien ahora tendrá la tarea de establecer otros detalles de la maniobra como, por ejemplo, desde cuándo se realizaba, lo que permitirá arribar al perjuicio causado al Estado Nacional.

En el ranking delictivo, la provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.

En cuanto al lista de 201 empleados viralizado, fuentes judiciales revelaron que los otros 233 que no fueron escrachados se trataría de empleados que estarían bajo la órbita de algún municipio, o bien, se trata de trabajadores contratados como locadores de servicio, pero que sí tenían una relación laboral formal con el estado.

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