Los gobernadores del Norte Grande reactivaron el reclamo por la creación de una Ley Federal de Zonas Cálidas, una iniciativa que busca establecer un esquema tarifario diferencial para el consumo de energía eléctrica durante el verano en las provincias del NOA y el NEA. El proyecto pretende equiparar el tratamiento que reciben estas regiones con los beneficios que desde hace años obtienen las provincias patagónicas a través de los subsidios al gas durante el invierno.
La propuesta, que será presentada en los próximos días en el Senado por legisladores del bloque Independencia junto con representantes de distintos espacios políticos del norte argentino, apunta a corregir las asimetrías estructurales existentes entre las distintas regiones del país. El fundamento central es que, en zonas donde las altas temperaturas son extremas, el uso de equipos de refrigeración constituye una necesidad esencial para la salud y la habitabilidad, y no un gasto vinculado al confort.
Según detalló un funcionario nacional, un hogar norteño consume habitualmente entre 100 y 300 kilovatios hora (kWh), pero durante los meses de temperaturas más elevadas esa demanda asciende a entre 500 y 600 kWh, lo que representa un incremento cercano al 75%. Al combinarse ese crecimiento con menores niveles de ingresos, el peso de las facturas de electricidad se vuelve considerablemente mayor para las familias del norte.
Para aliviar esa situación, el proyecto propone subsidiar precisamente el excedente de consumo generado por las altas temperaturas, mediante un mecanismo similar al régimen aplicado en las provincias de zona fría. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la implementación del beneficio para el NOA demandaría un costo anual cercano a los 90 millones de dólares para el Estado nacional, cifra que los gobernadores buscarán negociar con la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli.
La iniciativa también contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y al comercio regional. En estas actividades, los costos de refrigeración resultan indispensables para conservar mercaderías y sostener la actividad económica, por lo que el incremento del consumo eléctrico termina trasladándose a los precios finales y reduciendo la competitividad de los negocios.
Viola sostuvo además que las provincias del norte carecen de capacidad financiera para afrontar de manera individual un esquema de subsidios de esta magnitud. Por ello, consideró que una ley nacional constituye la única herramienta capaz de garantizar financiamiento, previsibilidad y permanencia para este régimen tarifario.
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