La investigación también analiza posibles vínculos de algunos imputados con una estructura dedicada al narcotráfico en la Patagonia El empresario Lázaro Báez, condenado en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, enfrenta una nueva acusación judicial que lo vincula con una presunta organización dedicada al lavado de activos, la explotación irregular de bienes embargados y posibles conexiones con el narcotráfico. La investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y apunta a determinar cómo el excontratista, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, habría continuado administrando propiedades y empresas pese a las restricciones impuestas por la Justicia. Según la acusación, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente 390.880.000 pesos mediante operaciones financieras y comerciales. Entre los involucrados aparecen su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, señalado por los investigadores como un presunto testaferro del empresario. La causa se apoya en escuchas telefónicas, documentación bancaria, fotografías y cuadernos secuestrados durante los procedimientos judiciales. De acuerdo con la información publicada por Clarín, los investigadores encontraron un cuaderno en la celda de Báez con anotaciones relacionadas con la recaudación y explotación de propiedades, además de un documento titulado “El Clan”, que contenía nombres coincidentes con varios imputados. También se incautó un cuaderno de Claudia Insaurralde, donde figuraban registros de cobros, fechas y personas vinculadas con distintas operaciones. Para la Fiscalía, estos elementos respaldan la hipótesis de que el empresario habría continuado dando instrucciones desde prisión para obtener beneficios económicos de estancias, inmuebles y sociedades alcanzadas por medidas judiciales. Entre los bienes mencionados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de propiedades en Río Gallegos y El Calafate. LA PISTA NARCO Y LAS ESCUCHAS QUE COMPROMETEN AL ENTORNO DE BAEZ Uno de los aspectos más relevantes de la investigación surgió a partir de escuchas realizadas en una causa vinculada con el tráfico y comercialización de drogas en la Patagonia. Según la reconstrucción judicial, el teléfono intervenido pertenecía a Cristian Sebastián Ibáñez, quien mantenía comunicaciones con Báez y se refería a él como “el tío”, mientras que a Insaurralde la identificaban como “la tía”. En una de las conversaciones, Ibáñez habría lamentado el secuestro de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia, Chubut, lo que despertó sospechas sobre su posible conocimiento del cargamento. La Fiscalía investiga si vehículos, maquinaria y propiedades vinculadas con empresas de Báez pudieron haber sido utilizados como apoyo logístico para actividades relacionadas con el narcotráfico. Estas conexiones forman parte de la hipótesis acusatoria y todavía deben ser esclarecidas judicialmente. Cómo habría funcionado el lavado de casi $400 millones El análisis financiero incorporado al expediente identificó 677 transacciones bancarias entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en cuentas relacionadas con Ibáñez y otro imputado, Jorge Manuel Ulloa. De esas operaciones, 662 fueron acreditadas por un total de $380.620.089, mientras que el flujo consolidado detectado por los investigadores alcanzó aproximadamente $390.880.000. Según la acusación, el dinero habría circulado mediante transferencias fraccionadas, movimientos entre cuentas de terceros y operaciones vinculadas con juegos de azar y apuestas, con el presunto objetivo de dificultar su seguimiento. Los fiscales también describieron movimientos por más de $165 millones entre cuentas del propio Ulloa y seis transferencias por $5,1 millones destinadas a Insaurralde. Para el Ministerio Público Fiscal, estas maniobras habrían permitido aprovechar económicamente bienes sujetos a embargos y decomisos, además de intentar introducir los fondos en circuitos comerciales formales. La investigación también incorporó conversaciones telefónicas en las que Báez habría impartido órdenes sobre alquileres y propiedades que se encontraban bajo medidas judiciales. En una de ellas, realizada desde el penal de Ezeiza, el empresario sostuvo: “El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie”, mientras reclamaba decisiones sobre un contrato de alquiler. Para la Fiscalía, esas comunicaciones podrían demostrar que continuaba ejerciendo control sobre activos que no podía administrar libremente. En el expediente intervienen además la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, y los fiscales Diego Luciani y Abel Córdoba. La nueva acusación comprende presuntos delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación, mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y comprobar si existió la vinculación con organizaciones dedicadas al narcotráfico. VOCES CRITICAS