La expansión de las fotomultas también reabrió un debate político que no es nuevo en la ciudad.

La implementación y posterior expansión del sistema de fotomultas avanza como una de las políticas centrales de control vial de la gestión del intendente Emiliano Durand. El esquema, que se apoya en dispositivos automatizados para la detección de infracciones, se extendió a distintos puntos estratégicos del ejido urbano y comenzó a tener un impacto significativo en la recaudación municipal.

Desde el Ejecutivo municipal, la política es presentada como una herramienta orientada a mejorar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo. Sin embargo, el funcionamiento del sistema muestra un fuerte énfasis en la sanción económica, mientras que las acciones complementarias de prevención, señalización y educación vial aparecen en un segundo plano dentro de la agenda pública.

La expansión de las fotomultas también reabrió un debate político que no es nuevo en la ciudad. Durante la gestión anterior, encabezada por Bettina Romero, el entonces candidato Emiliano Durand fue uno de los dirigentes que cuestionó el uso de las fotomultas, al plantear que eran sólo «un negocio». Ahora, sostiene lo contrario.

Tan grande es el volumen de infracciones que ejecutan los agentes de tránsito que el municipio alquila por más de $180.000.000 un nuevo predio para alojar vehículos secuestrados en las calles, según consigna la Resolución Nº 213/25 de la Subsecretaría de Contrataciones.

Entre las cámaras instaladas y los agentes de tránsito se elaboran las multas, en promedio unas 7000 por mes, reconocido por el propio secretario de tránsito, Matías Assennato. De esta forma, la recaudación es millonaria, mientras todavía se esperan verdaderas políticas de prevención.

El Intra