Los cargos de quienes se vayan se eliminan del presupuesto. Para adherir hay que desistir de los juicios contra el Estado, y los delegados tienen que renunciar a su cargo gremial. El Gobierno abrió un nuevo régimen de retiro voluntario para los empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. El Decreto 1203/2026 lo firmaron Javier Milei, Diego Santilli y Federico Sturzenegger el 16 de octubre y se publicó hoy en el Boletín Oficial. La inscripción va del 1 al 30 de noviembre, con una única prórroga posible de hasta 30 días. Alcanza a la planta permanente de la Ley 25.164 y a los contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan afuera las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la SIDE, el Servicio Exterior, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la PSA, los docentes y los organismos descentralizados como la ANSES. Cuánto se cobra Según la información publicada sobre el anexo, hay tres grupos según la edad al 31 de octubre: Mujeres desde 58 y varones desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse. Cobran el 60% del sueldo bruto hasta llegar a la jubilación, con un máximo de 36 meses, y mantienen los aportes previsionales y de obra social. Ámbito e Infobae dicen que también pueden elegir un pago único. Mujeres de 58 a 64 y varones de 63 a 64 con 30 años de aportes. Cobran un sueldo por año de antigüedad, con tope de 18, más cinco adicionales. El resto. Cobra un sueldo por año, con tope de 20, más cuatro o cinco según tenga menos o más de 15 años de servicio. Si el monto supera los $20 millones, se paga en hasta tres cuotas. La letra chica El artículo 3° obliga a cada organismo a eliminar «los cargos presupuestarios correspondientes al personal que acceda» al retiro desde el día del cese. Los puestos no se vuelven a cubrir. El decreto no fija un cupo ni una meta de reducción, y tampoco estima el costo. Las indemnizaciones se pagan «con cargo a los créditos presupuestarios de cada una de las jurisdicciones» (art. 4°). No hay una partida especial: cada organismo paga con su propio presupuesto. Eso pasa mientras el Congreso discute el Presupuesto 2027. Las condiciones para adherir van más allá de lo económico: Juicios: el agente tiene que desistir de las demandas o reclamos contra el Estado. Delegados: quienes tengan mandato gremial vigente deben renunciar a esa condición. La renuncia se hace efectiva si se acepta el retiro. Antecedentes: no pueden adherir quienes tengan sumarios en curso o procesos penales por delitos contra la administración pública. El organismo puede rechazar el pedido si la baja «afecta la prestación de los servicios». Tiene 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder y, si no lo hace, el pedido se considera rechazado. Quien se retire no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años, contra los cinco que fijó la ANSES en su plan de retiros cerrado el 30 de septiembre. El contexto El decreto se publica cuatro días después del paro de 24 horas de ATE del 15 de octubre, el día de la Marcha Federal Universitaria. Además, el INDEC publicará el 30 de octubre su informe de dotación de la administración pública nacional, la cifra oficial de cuántos empleados tiene hoy el Estado. Los considerandos hablan de «una política de transformación y reorganización del Estado Nacional orientada a la optimización de sus estructuras y dotaciones». La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, del ministerio que conduce Sturzenegger. El Intransigente