A través de la Acordada 14.560, el máximo tribunal provincial definió las pautas operativas de la OfiJu
La Justicia de Salta dio un paso clave en la modernización de sus procesos. Este martes 27 de enero, se oficializó en el Boletín Oficial la Acordada Nº 14.560, mediante la cual la Corte de Justicia local aprobó las Normas Prácticas para el funcionamiento de la Oficina Judicial Penal (OfiJu). La medida busca dotar de una estructura sólida al sistema acusatorio vigente en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
El eje central de esta normativa es la división de roles. Con la puesta en marcha de estas reglas, se busca que los jueces se aboquen exclusivamente a dictar sentencia y dirigir el proceso (función jurisdiccional), delegando en la OfiJu toda la carga administrativa, logística y organizativa.
Este órgano, que depende de la Corte pero funciona de manera independiente a la actividad de los jueces, se basará en los pilares de la oralidad, celeridad y desformalización. Según lo dispuesto por el tribunal, la intención es que la justicia gane eficiencia mediante una estructura especializada que elimine la burocracia interna.
Estructura y áreas de trabajo
La nueva reglamentación establece que la OfiJu contará con una organización jerárquica y técnica compuesta por:
- Coordinación general
- Unidad de Gestión Común: Centralizará las tareas generales y transversales del organismo.
- Unidades de Gestión Especializada: Divididas según las etapas del proceso penal y los distintos distritos judiciales de la provincia.
Dentro de esta estructura, destaca la Unidad de Gestión Común, que absorberá áreas sensibles como la Oficina de Gestión de Audiencias y la flamante Oficina de Medios Alternativos y Sustitutivos (OMAS), encargada de supervisar las medidas que reemplacen a la prisión preventiva.
Responsabilidades y logística
Entre las tareas que tendrá a su cargo la Oficina Judicial Penal se encuentran el armado y mantenimiento del calendario de audiencias, el diligenciamiento de notificaciones, el soporte técnico y la generación de estadísticas para el control de gestión.
Para que esta implementación sea efectiva, la Corte instruyó a las áreas de Recursos Humanos, Tecnología, Infraestructura y Administración a priorizar las adecuaciones necesarias. Asimismo, se otorgaron facultades a la Presidencia del tribunal para dictar cualquier norma complementaria que se requiera para aceitar el funcionamiento del nuevo esquema.
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