El que fuera Ministro de Seguridad del primer gobierno de Urtubey y responsable del corrupto aparato policial de Salta cuando se produjo el horrible crimen de las turistas francesas en julio de 2011, ha salido estos días a cuestionar con dureza el que la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villaruel hubiera participado en Salta de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Conviene no olvidar que el señor Pablo Francisco Kosiner —quien en un post muy reciente se define como «seguidor del legado de Francisco, del padre Mugica y de monseñor Angelelli»— es también un ferviente seguidor de la expresidenta Cristina Kirchner, hoy condenada por corrupción y privada por sentencia firme de sus derechos electorales.
Según parece, al exministro de Urtubey se le ha olvidado que antes de que en marzo de 2013 Jorge Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco, los Kirchner intentaron meterlo en la cárcel, como reveló el propio Bergoglio a unos jesuitas húngaros poco tiempo antes de fallecer.
Lo que resulta más intolerable de las afirmaciones de Kosiner es que la vicepresidenta Villarruel debe «arrepentirse y pedir perdón» por «negar el plan sistemático de exterminio y desaparición forzada» y por «reclamar por la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad».
Dejando a un lado el hecho de que probablemente no haya conducta más nazi que exigir la humillación personal de alguien como condición para ejercer los actos de su culto, la verdad es que meterse con la fe ajena (con la esfera más íntima de la persona humana) comporta atentar gravemente contra los derechos humanos más fundamentales, como la libertad de conciencia.
Según Kosiner, la falta de arrepentimiento y perdón provoca en la vicepresidenta Villarruel una especie de incapacidad de derecho para ejercer sus creencias, en un país en el que, paradójicamente, rige una amplísima libertad de cultos. Solo en este aspecto, Kosiner es más bárbaro y antidemocrático que cualquier militar en épocas de la dictadura.
Si, como dice Kosiner, la fe exige coherencia, la misma coherencia se debería exigir a quien, en contra del mandato constitucional y del derecho internacional de los Derechos Humanos, defiende el legado de un Papa que en su día fue atacado sin piedad por los Kirchner y señalado por ellos como «cómplice estrecho» de la dictadura militar argentina.
Como cualquier ciudadano, la vicepresidenta Villarruel tiene todo el derecho a poner en entredicho las «verdades históricas» sancionadas durante el gobierno de los Kirchner. Muchas personas con un peso intelectual abrumadoramente superior al de Kosiner han intentado sin éxito imponer en la Argentina, como «doctrina de Estado», la condena moral sistemática del periodo 1976-1983 y penal el «negacionismo». No será seguramente Kosiner quien lo consiga.
Al final, con su exigencia de «perdón para ejercer la fe», Kosiner está actuando con la misma soberbia liberticida de los militares que en su época nos decían qué es lo que teníamos que pensar.
Si los reproches a Villarruel y la enfática negativa a su derecho de asistir a la Procesión del Milagro constituyen actos de manifiesta «hipocresía», convendría recordar a quien se dice enemigo de los hipócritas, que mucho más que Villarruel —que, al fin al cabo, aunque equivocada, lleva mucho tiempo las mismas ideas— no hay ni habrá en la política lugareña quien haya alcanzado las más altas cotas en esta materia que Juan Manuel Urtubey, jefe y mentor de Kosiner.
Con la simpatía y el beneplácito de Kosiner, Urtubey intentó echar abajo la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2012. Lo hizo mediante la sanción por vía reglamentaria de un «protocolo» de obligado cumplimiento por los centros sanitarios de Salta que, en la práctica, anulaba la voluntad de las mujeres que decidían abortar.
Turistas francesas, mujeres embarazadas y ahora Villarruel. Parece que Kosiner tiene algo con las mujeres, quizá porque le parece que resulta más fácil atacarlas.
Si ya entonces Kosiner «rechazaba la hipocresía», debió de denunciar en su momento la de su jefe Urtubey y defender la aplicación inmediata y sin cortapisas de aquella sentencia, aun cuando —como Urtubey— no hubiera estado de acuerdo con ella.
Debió también emplearse a fondo para resolver el caso de las turistas francesas, y no premiar a los policías que desviaron maliciosamente la investigación. Y, por supuesto, debió respetar los derechos fundamentales de Victoria Villarruel, sin exigirle para su ejercicio pagar peajes de conciencia de ninguna naturaleza.
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