Un operativo judicial detectó equipamiento neonatal perteneciente al Hospital Público Materno Infantil instalado en una clínica privada
Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud de Salta y pone bajo la lupa a la Red IMAC. Seis equipos médicos de uso clínico neonatal, propiedad del Hospital Público Materno Infantil, fueron hallados este miércoles en funcionamiento dentro de una clínica privada ubicada en el centro de la ciudad.
El procedimiento fue realizado por la Unidad de Investigación UDEC, tras un requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Los equipos se encontraban instalados en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que la firma NEOFENIX S.R.L. presta dentro de la clínica del Centro – Red IMAC.
Durante el operativo se constató que los dispositivos estaban en pleno funcionamiento, brindando soporte vital a bebés internados. Ante este escenario, y para no poner en riesgo la vida de los pacientes, la fiscalía resolvió no secuestrar los equipos, sino avanzar con su identificación, relevamiento técnico y la designación de un depositario judicial.
La decisión fue adoptada de manera conjunta con la jueza de Garantías N°8, Claudia Puertas, quien avaló la medida excepcional. El rol de depositario judicial recayó en el encargado administrativo del establecimiento, mientras continúa la investigación penal.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el director del Hospital Materno Infantil, quien advirtió la presunta sustracción irregular de equipos médicos, algunos de los cuales habían sido entregados bajo la figura de comodato. Sin embargo, la presencia de esos aparatos en una clínica privada abrió serios interrogantes sobre su destino y utilización.
Según surge de la investigación, un médico de planta del hospital público, con funciones en el área de Gestión de Neonatología, sería además socio fundador de la empresa NEOFENIX S.R.L., cuyo objeto social incluye la prestación de servicios de neonatología y pediatría en la clínica privada de calle Alvarado 858.
La Justicia busca ahora determinar cómo, cuándo y bajo qué condiciones el equipamiento del sistema público terminó siendo utilizado en el ámbito privado, en un caso que podría derivar en imputaciones por delitos contra la administración pública.
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