La denuncia por presuntas irregularidades laborales en la finca El Refugio, ubicada en el paraje Paso del Durazno, en San José de Metán, abrió un nuevo debate sobre las condiciones de trabajo de los cosecheros rurales en Salta. Tras el operativo realizado el 6 de noviembre, la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) informó que encontró trabajadores sin registrar, salarios por debajo del mínimo establecido y condiciones precarias de alojamiento. Isabel Soria, presidenta de la Fundación ‘Volviendo a Casa’, consideró que los hechos podrían encuadrarse en una situación de trata de personas con fines de explotación laboral. Según sostuvo, las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores, los presuntos engaños para conseguir empleo y las irregularidades detectadas son elementos que deberían motivar una investigación judicial. «Dadas las condiciones en las que estaban estas personas, en situación de vulnerabilidad, se habla directamente de trata laboral» Soria puso especial atención en el origen de los cosecheros, muchos de ellos provenientes de Jujuy, Pichanal y Colonia Santa Rosa. Consideró que la distancia, las dificultades económicas y la falta de información sobre sus derechos laborales los exponen a situaciones de explotación.  En ese sentido, cuestionó que el procedimiento sindical se limite a gestionar el pago de los días trabajados y el traslado de los trabajadores, y reclamó que se investigue si existió un delito. «Primero hay que garantizar la libertad y los derechos de las personas. No se trata de ponerle una ‘multita’ a la empresa», manifestó. La referente también cuestionó la actuación institucional frente a este tipo de situaciones y sostuvo que, ante indicios de trata laboral, corresponde realizar una denuncia para que intervenga la Justicia Federal. Además, señaló que la legislación contempla medidas de reparación para las víctimas y el decomiso de bienes vinculados al delito, aunque su aplicación depende de una investigación y de las decisiones judiciales correspondientes. «Hay un delito que se cometió, hay personas en situación de vulnerabilidad, se rescata, se arma un expediente y se investiga», expresó. También anticipó que llevará el tema al Consejo Federal de Lucha contra la Trata, del que la fundación vuelve a formar parte. ¿Se puede comparar con lo ocurrido en Cerdo Negro? Durante la entrevista, Soria comparó lo ocurrido en Metán con la investigación por presunta trata laboral en la finca La Montanera, vinculada al emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, en Cerrillos. En ese expediente, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima a la línea 145 y avanzó con inspecciones de ARCA y la intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX). En septiembre de 2026, la Justicia Federal imputó al empresario responsable por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en perjuicio de siete trabajadores. Para Soria, ambos episodios presentan elementos que justifican investigar posibles situaciones de explotación, pero cuestionó la diferencia en el abordaje institucional. Consideró que en Metán la intervención sindical se concentró en las gestiones laborales y el regreso de los cosecheros, mientras que, a su entender, correspondía denunciar los posibles hechos de trata para que fueran investigados penalmente. «La trata es trata, acá, allá o más allá y lo dice la ley», sostuvo. Y agregó que, aunque hubo un operativo y trabajadores que pudieron regresar a sus hogares, todavía debe determinarse qué ocurrió y quiénes podrían ser responsables. Informate salta