La investigación por el presunto intento de «mejicaneada» de un cargamento de 66 kilos de cocaína sigue sumando capítulos. La Policía de Tucumán amplió la pesquisa interna y ya son 11 los efectivos pasados a disponibilidad por las graves irregularidades detectadas.

El caso de los 66 kilos de cocaína secuestrados en el norte salteño continúa avanzando y ahora puso bajo la lupa a más integrantes de la Policía de Tucumán. El jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, confirmó que la investigación administrativa se amplió y ya son 11 los efectivos separados preventivamente mientras se intenta determinar qué participación tuvieron en el confuso episodio ocurrido en territorio salteño.

«Más allá de lo que hagan la Justicia Federal de Salta y la ordinaria de Tucumán, seguimos investigando administrativamente este caso, que reviste una enorme gravedad. Vamos a llegar hasta el fondo», aseguró el funcionario.

Sospechas sobre el accionar policial

La causa es investigada por el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, quien sostiene como principal hipótesis que el ataque fue un intento de «mejicaneada», una modalidad utilizada entre bandas narco para quedarse con un cargamento de droga antes de que llegue a destino.

Todo comenzó cuando la cosmetóloga Delia Yolanda Tame y la médica de Gendarmería Nacional Ivana Georgina Portal transportaban 66 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una Renault Duster. En pleno viaje fueron interceptadas por hombres armados que realizaron disparos con la intención de apoderarse de la carga.

Según la investigación, entre quienes llegaron posteriormente al lugar habría al menos cuatro policías tucumanos, pese a que el procedimiento ocurrió completamente dentro de la provincia de Salta.

Las irregularidades que complican a los efectivos

Con el avance de la causa comenzaron a aparecer una serie de inconsistencias que agravaron la situación de los uniformados.

Los investigadores detectaron que los policías utilizaron una camioneta que estaba secuestrada por orden judicial en otra causa y que ni ese vehículo ni la salida del personal quedaron asentados en el libro de guardia correspondiente.

«No se encuentra ningún justificativo para esta conducta. Hay numerosas irregularidades y quienes resulten responsables deberán hacerse cargo. No podemos ni vamos a dejar pasar este tipo de situaciones, caiga quien caiga», sostuvo Girvau.

Además, la Justicia Federal secuestró las armas reglamentarias de los policías que estuvieron en Salta y también de otros efectivos que cumplían funciones en el destacamento de 7 de Abril.

Una prueba que podría complicarlos aún más

Otro de los puntos que analiza el fiscal Toranzos es la ausencia de vainas servidas en el lugar del ataque, pese a que la camioneta presentaba impactos de bala y los testimonios describen un intenso intercambio de disparos.

La sospecha es que alguien pudo haber retirado esas evidencias para dificultar la investigación. De todas maneras, durante las pericias se recuperaron proyectiles que serán sometidos a estudios balísticos y también serán analizados los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.

Una zona cada vez más caliente

El episodio volvió a poner el foco sobre la zona limítrofe entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero, un corredor que en los últimos meses aparece reiteradamente vinculado a investigaciones por narcotráfico y contrabando.

En las inmediaciones ya se habían registrado otros hechos graves, como vehículos incendiados, tiroteos en caminos rurales y la reciente detención de siete efectivos de la Policía Federal acusados de cobrar coimas para facilitar el paso de bagayeros.

QPS