La Cámara alta también borró el tope a la publicidad oficial y la prohibición de partidas sin rendición. Todo, en nombre de la Constitución. Si Diputados no lo corrige, para ser concejal de la ciudad de Salta no hará falta haber terminado la escuela. Así lo resolvió el jueves el Senado provincial, que dio media sanción con 17 modificaciones a la reforma de la Carta Municipal aprobada en mayo por la Convención. El requisito del secundario completo, impulsado por la mayoría libertaria, cayó porque la Cámara alta entendió que la Convención no tenía facultades para sumar condiciones que limitaran los derechos políticos. Dicho de otro modo: pedirle a quien va a votar el presupuesto de la ciudad que haya terminado el colegio es, para el Senado, un exceso. El miembro informante, el senador por La Poma Dani Nolasco, sostuvo que el punto no estaba contemplado en la ordenanza que convocó a la reforma. El senador por Capital Roque Cornejo, de La Libertad Avanza y único voto en contra, defendió que pueden fijarse requisitos para un cargo público aunque la Constitución no los mencione. El secundario fue apenas el primer corte. El Senado eliminó el tope que limitaba el gasto en publicidad oficial al 0,35% de los recursos corrientes del municipio y la cláusula que prohibía crear partidas presupuestarias exentas de rendición de cuentas. Según medios locales, eso no borra la obligación general de rendir los fondos públicos. Pero la Carta, por las dudas, ya no lo va a decir. Tampoco sobrevivió la prohibición de usar la imagen de la ciudad para promocionar a funcionarios o asociarla a un partido. Cayó la audiencia pública obligatoria para escuchar a los vecinos antes de tratar el presupuesto. Y se fue el límite que fijaba la planta municipal en el 1% de la población. Autonomía no es soberanía El Defensor del Pueblo sobrevivió, pero sin las palabras que lo volvían incómodo. El texto ya no menciona su independencia, su autonomía plena, su autarquía financiera ni la ausencia de subordinación jerárquica. Al Tribunal de Cuentas le quitaron el control concomitante, y del Tribunal de Faltas desapareció la participación ciudadana en la designación de jueces. Nolasco resumió la doctrina del recinto con una frase para enmarcar: «Autonomía no significa soberanía». También advirtió que «las normas constitucionales no cambian según quien gane la elección» y que «no se puede ser riguroso con algunos municipios y complaciente con otros». En Salta, al parecer, el rigor consiste en quitar controles. Cornejo habló de «un serrucho para impedir que las ideas de La Libertad sigan creciendo». Advirtió además que, sin las pautas de publicidad, la asignación «queda sujeta a la discrecionalidad del intendente de turno». En las filas libertarias no descartan llevar el caso a la Justicia. El proyecto pasa ahora a Diputados. Si nadie lo cambia, la Capital tendrá concejales sin exigencia de secundario, publicidad oficial sin tope y un defensor sin autonomía. El umbral quedó bajo, y lo fijó el Senado. El Intra