El Gobierno oficializó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares y le otorgó a las provincias un rol central.

El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de la reforma de la Ley de Glaciares, un cambio que redefine el esquema de protección ambiental y otorga mayor protagonismo a las provincias. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 271/2026, a dos semanas de su aprobación en el Congreso, y ya se encuentra en vigencia en todo el país.

La nueva normativa, identificada como Ley N° 27.804, introduce modificaciones sustanciales sobre el régimen que regía desde 2010. En aquel esquema, los glaciares y ambientes periglaciares eran considerados bienes públicos estratégicos con protección estricta. Ahora, el foco se desplaza hacia un modelo más flexible que habilita una intervención más directa de las jurisdicciones provinciales.

Cambios clave en la Ley de Glaciares

El punto central de la reforma radica en la transferencia de competencias a las provincias, que a partir de ahora podrán definir sus propios criterios técnicos para determinar qué zonas deben ser protegidas. Esto implica que no todos los cuerpos de hielo o áreas periglaciares quedarán automáticamente bajo resguardo, como ocurría con la legislación anterior.

Además, se establece que solo serán protegidos de manera estricta aquellos glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica comprobada o relevante. Este cambio impacta especialmente en los llamados glaciares de escombros, cuya protección ya no será generalizada. En consecuencia, se abre la posibilidad de habilitar actividades productivas en áreas que antes estaban restringidas.

Otro aspecto relevante es la modificación del sistema de control. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuará participando, pero con un rol más acotado y de carácter consultivo. Las provincias tendrán la última palabra en la toma de decisiones, aunque deberán considerar el inventario nacional existente.

Debate político y proyección del modelo

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, reflejando una fuerte división política. Desde el oficialismo defendieron la iniciativa al sostener que permitirá “ordenar el marco normativo” y fortalecer el federalismo ambiental.

En paralelo, sectores ambientalistas y parte de la oposición cuestionaron los cambios al advertir que podrían debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Las críticas apuntan a que el nuevo esquema habilitaría la expansión de actividades extractivas en zonas sensibles.

Con la promulgación ya oficializada, el Gobierno apuesta a un modelo basado en la evaluación de impacto ambiental caso por caso. Así, la reforma marca un giro en la política ambiental del país, en un contexto donde el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales vuelve a ocupar el centro del debate público.

El Intransigente