La utilización de una aplicación para falsificar documentos oficiales y engañar los controles de ingreso a boliches volvió a encender las alarmas en Salta.
Durante el último fin de semana, 12 adolescentes fueron detectados en locales bailables de Capital y General Güemes con credenciales digitales adulteradas para simular que eran mayores de edad. Sin embargo, detrás de las conductas de los menores aparece una pregunta mucho más importante: ¿quiénes crearon la herramienta y quiénes se encargan de difundirla?
Según explicó el abogado penalista Federico Vanni, los adolescentes incurren en un delito de falsificación de instrumento público, aunque muchos podrían interpretar el uso de la aplicación como una simple travesura para ingresar a un boliche o conseguir bebidas alcohólicas. Para el especialista, el problema de fondo está en quienes desarrollaron la herramienta y en las personas que se ocupan de promocionarla y facilitar su utilización.
“Quien crea esta aplicación es coautor de falsificación de instrumento público”, sostuvo Vanni. En ese sentido, remarcó que la responsabilidad de los desarrolladores no sería menor que la de quienes utilizan la herramienta para adulterar documentos, ya que su creación permite que la maniobra se repita y alcance a cada vez más personas.
El abogado también puso el foco en la difusión de estas aplicaciones. Señaló que quienes incentivan o promueven la comisión de delitos también podrían tener responsabilidad penal. De esta manera, la investigación no debería limitarse a identificar a los adolescentes que presentan documentos falsos, sino avanzar sobre toda la cadena que hace posible la maniobra.
“Los niños son parte de una travesura, de la ignorancia que existe en cuanto al delito de falsificación de documento público, y hay un aprovechamiento de adultos”
Para Vanni, investigar el origen de la aplicación resulta fundamental para frenar una modalidad que puede seguir generando hechos de falsificación cada fin de semana.
Qué delito se comete y qué pasa con los adolescentes
Vanni explicó que la falsificación de un DNI constituye un delito de falsificación de instrumento público y que, al tratarse de un documento de origen nacional, la investigación corresponde al fuero federal. La jurisdicción puede variar según el documento adulterado, pero no cambia la figura penal ni las penas previstas. El abogado indicó que el delito contempla una escala que puede llegar hasta los seis años de prisión.
En cuanto a los menores involucrados, señaló que el Régimen Penal Juvenil contempla herramientas que priorizan las medidas educativas y otras respuestas antes de llegar a una sanción penal.
Según su análisis, muchos adolescentes no comprenden que, al modificar una credencial digital para ingresar a un boliche, están cometiendo un delito. Por eso consideró necesario trabajar en la prevención y en la educación, sin dejar de investigar lo ocurrido.
«Tienen que cortarlo de raíz porque, si no, va a haber un montón de chicos que no conocen lo que están haciendo y van a terminar con causas penales abiertas»
El penalista sostuvo que el foco de las autoridades debe estar puesto en identificar a los responsables de desarrollar y difundir la aplicación. “Tienen que cortarlo de raíz. Y la raíz es la aplicación”, afirmó. También advirtió que, si la herramienta continúa circulando, podría multiplicar los casos y llevar a que numerosos adolescentes queden involucrados en investigaciones penales por una maniobra que, en muchos casos, creen que es solamente una forma de burlar el control de ingreso.
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