La Ley 23.966 establece que una porción del impuesto que pagan los conductores al cargar combustible debe financiar la reparación de rutas nacionales. En medio del deterioro de la Ruta 34, la polémica gira en torno a los millonarios fondos que no habrían sido destinados a ese fin.

La tragedia ocurrida esta semana en Palomitas, donde un micro y un camión protagonizaron un choque que dejó una víctima fatal y decenas de heridos, volvió a poner bajo la lupa el estado de las rutas nacionales. En medio de este escenario, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Provincia avanzará con obras sobre la Ruta Nacional 9/34 pese a que no le corresponde hacerlo. El trasfondo abre una pregunta incómoda: ¿qué pasó con los millonarios fondos que los argentinos pagan cada vez que cargan combustible y que por ley deben destinarse al mantenimiento vial?

Salta vuelve a hacerse cargo de una responsabilidad nacional

El reclamo no es nuevo. Vecinos, transportistas, empresarios y conductores vienen denunciando desde hace años el deterioro de la Ruta Nacional 34, especialmente en los tramos que conectan el norte salteño con el resto del país.

Baches, deformaciones en la calzada, falta de mantenimiento y sectores peligrosos forman parte de una postal cotidiana que afecta tanto a quienes viven en la provincia como a quienes la atraviesan diariamente.

Ayer, durante los actos por el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, Gustavo Sáenz volvió a referirse al tema y confirmó que la Provincia avanzará con trabajos sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 9/34.

«Vamos a intervenir en toda la Ruta 34, porque la verdad que está destrozada», sostuvo el mandatario.

La declaración tiene un fuerte contenido político.

No se trata de una ruta provincial. Es una ruta nacional cuya conservación corresponde al Estado nacional.

El impuesto que todos pagan

Cada vez que un argentino carga combustible, una parte del dinero abonado queda en manos del Estado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

La Ley 23.966 establece que un porcentaje específico de esa recaudación debe destinarse al Sistema Vial Integrado (Sisvial), encargado de financiar obras y mantenimiento de rutas nacionales.

Es decir, los conductores pagan para que las rutas se reparen.

Sin embargo, la realidad que muestran miles de kilómetros de caminos destruidos parece indicar otra cosa.

Los números que generan polémica

Según un informe difundido por diputados nacionales y publicado por el portal especializado Política Online, durante la gestión nacional se habrían retenido más de 1,16 billones de pesos que debían ser destinados al sistema vial.

El trabajo sostiene que solamente entre 2024 y los primeros meses de 2026 se acumularon fondos multimillonarios provenientes del impuesto a los combustibles que no fueron girados para el mantenimiento de rutas.

La cifra alcanza los 1.165.491 millones de pesos. Se trata de recursos que, de acuerdo con la legislación vigente, tenían como destino específico la infraestructura vial.

La bronca crece por los aumentos

La situación genera todavía más malestar porque el precio de los combustibles continúa aumentando mes a mes.

Los usuarios pagan más cada vez que cargan nafta o gasoil, pero no observan mejoras proporcionales en las rutas por donde circulan.

La sensación de abandono es especialmente fuerte en el norte argentino, una región que históricamente reclama mayores inversiones en infraestructura.

QPS