La titular de la cartera educativa demuestra que se puede estar en el centro del poder sin ejercerlo realmente.
La ministra de Educación, Cristina Fiore, parece haber encontrado su verdadera vocación en el arte de la decoración de interiores, específicamente en el despacho que ocupa en el Ministerio. Su presencia allí es tan funcional como un cuadro mal colgado, bonita a la vista pero absolutamente inútil a la hora de tomar decisiones que afectan a miles de salteños. Mientras los problemas se acumulan como expedientes sin firmar, la titular de la cartera educativa demuestra que se puede estar en el centro del poder sin ejercerlo realmente, una habilidad que en política debería llamarse «el arte de la pintura rupestre moderna».
El caos estalló con la renuncia de Analía Guardo, la todopoderosa coordinadora estratégica de planeamiento educativo, un cargo de tercera línea que, para sorpresa de nadie, resultó ser el verdadero cerebro operativo del ministerio. Tras su salida, el edificio entró en un estado de parálisis tan profundo que hasta las secretarias se negaron a recibir papeles, entregando notas por escrito donde advertían que ningún expediente sería aceptado bajo ninguna circunstancia. La ironía es que una funcionaria de tercera línea tuviera más poder que la propia ministra, pero en Salta ya sabemos que los títulos son apenas adornos y el poder real se ejerce desde los pasillos oscuros.
Pero el desastre administrativo no se limita a la renuncia de Guardo, porque mientras los engranajes del ministerio se detienen, hay aproximadamente cincuenta docentes que llevan seis meses sin ver un solo peso de sus salarios. Estos profesionales, que deberían estar dedicados a formar a las futuras generaciones, pasan sus días intentando descifrar un sistema burocrático tan enrevesado que haría palidecer al más experimentado contador del Estado. El curioso mecanismo de retención de fondos nacionales se ha convertido en una obra maestra de la ingeniería administrativa salteña, donde cada papel requiere otro papel y cada firma necesita una nueva autorización.
Los programas nacionales del Instituto Nacional de Formación Docente y de Educación Técnica llegan con financiamiento desde Buenos Aires, pero al tocar suelo salteño son provincializados y sometidos a un ritual burocrático digno de una secta misteriosa. La provincia exige contratos, seguros de vida, y una montaña de trámites que el ministerio jamás reconoce como gastos, mientras los fondos se estancan en una unidad técnica provincial que ni siquiera figura en el organigrama oficial. Esta unidad, creada en tiempos de Urtubey por el actual ministro Dib Ashur, depende directamente del ministro de Educación y maneja las partidas con una opacidad que merecería un premio a la creatividad administrativa.
Los docentes afectados, unos treinta profesionales que trabajan desde febrero sin cobrar, relatan cómo en el ministerio se tiran la pelota como en un partido de fútbol sin arqueros, donde Patricio Gutiérrez deriva a Superior, y Superior a la UTP, y todos parecen esperar que el problema se resuelva por arte de magia. El argumento oficial es que hay cuestiones administrativas que cumplir, que el circuito tarda tres meses por orden de Nicolás Demitrópulos, pero la realidad es que ya estamos en julio y los salarios de febrero siguen brillando por su ausencia. Los 900 millones de pesos que Nación envió en febrero se han diluido en algún lugar del laberinto burocrático, y nadie sabe a ciencia cierta dónde están los fondos del plan de mejora que debían llegar a los colegios.
La situación alcanza ribetes de farsa cuando los mismos docentes son convocados a trabajar y cumplir con sus tareas, mientras desde el ministerio les prometen que cobrarán todo junto, como si la inflación y las necesidades diarias pudieran esperar el caprichoso tiempo de los burócratas. «Necesitamos comer todos los días», dicen los afectados, pero parece que en el ministerio creen que los docentes pueden alimentarse de promesas y expedientes sin resolver. La ministra Fiore, mientras tanto, continúa con su agenda de fotos y recorridas escolares, como si la foto oficial pudiera tapar el hecho de que su ministerio es un cascarón vacío donde las decisiones importantes las toman otros.
Lo más grave de todo es que esta situación no es nueva ni sorpresiva, sino que se ha convertido en una triste tradición de la gestión educativa salteña, donde la ineficiencia se premia y la burocracia se erige como el principal obstáculo para el desarrollo. Los docentes, hartos de promesas vacías, han comenzado a iniciar acciones legales contra el Estado provincial, buscando en la justicia lo que el ministerio se niega a darles por derecho propio. La pregunta que todos nos hacemos es hasta cuándo seguirá Cristina Fiore pintada en su cargo, mientras el sistema educativo se desmorona y los profesionales que sostienen la educación pública son tratados como meros números en un expediente perdido.
El Intra
