La reciente designación de Gaspar Solá nos ofrece la excusa perfecta para desempolvar la existencia del otro gran desconocido, el Colegio de Gobierno.
Existen innumerables motivos por los cuales la ciudadanía no eleva su voz de protesta y el principal de ellos es el profundo desconocimiento sobre el funcionamiento interno del Poder Judicial de la provincia de Salta. La gente suele imaginar un templo de justicia ciega e independiente, pero la realidad institucional es bastante más mundana y previsible. Este poder autónomo se divide en dos órganos claramente diferenciados, entre los cuales figura la Corte Suprema, que administra un presupuesto gigantesco cuyo destino genera más dudas que certezas en los pasillos forenses. Sin embargo, la reciente designación de Gaspar Solá nos ofrece la excusa perfecta para desempolvar la existencia del otro gran desconocido, el Colegio de Gobierno.
El Colegio de Gobierno del Poder Judicial maneja con notable discreción el poder de acusar, el poder de defender y la responsabilidad de asesorar en todo lo que concierne a menores e incapaces, una trinidad de funciones verdaderamente celestial. Que ahora es manejada de manera directa desde Grand Bourg. Este órgano se sostiene sobre tres patas institucionales que se turnan la presidencia cada dos años en un ejercicio de alternancia que parece más un pacto de caballeros que un diseño republicano. Con el control de este organismo, el gobierno se asegura de manejar cualquier denuncia contra sus funcionarios casi a control remoto desde las oficinas de Casa de Gobierno.
La primera pata es el Ministerio Público de la Acusación liderado por el procurador general Pedro García Castiella, un nombre que resuena con particular intensidad en ciertas redacciones periodísticas. La segunda pata es el Ministerio Público de la Defensa que reposa plácidamente en manos de la ultraoficialista Ada Zunino, figura de blindaje casi mitológico en la política judicial local.
Finalmente la llegada de un ex ministro de Seguridad a la Asesoría de Incapaces le coloca al Colegio de Gobierno la tercera pata oficialista que le faltaba para completar una mesa perfectamente alineada con los designios del poder ejecutivo provincial. Esta designación tiene una lógica aplastante porque nada resulta más tranquilizador para un gobierno que colocar a un hombre de absoluta confianza para velar por los intereses de los más vulnerables. Es conmovedor comprobar cómo los mecanismos de selección priorizan siempre la idoneidad técnica y la independencia de criterio por encima de las afinidades políticas evidentes. La casualidad quiso que los tres integrantes de este órgano autónomo hayan dado sobradas muestras de un oficialismo vergonzoso aunque seguramente se trata de una mera coincidencia estadística sin mayor relevancia institucional.
El procurador general Pedro García Castiella fue el delicado artífice encargado de fraguar causas contra periodistas y políticos opositores que incomodaban la tranquila gestión de Gustavo Sáenz, demostrando una creatividad procesal que ya quisieran muchos guionistas de series judiciales. En esas mismas causas fuentes de primer nivel dentro del Poder Judicial aseguran que Ada Zunino sobrevoló sigilosamente varias audiencias testimoniales con la elegancia de quien no termina de aterrizar en el expediente. Dicen que se dedicó a sugerir cambios de abogados y otras menudencias que nada tienen que ver con la actuación imparcial que se le presupone a un magistrado en un Estado de derecho. Su celo por el correcto funcionamiento del sistema era tan intenso que no podía limitarse a observar desde la barrera.
Resulta particularmente instructivo recordar que Ada Zunino, quien goza de un curioso blindaje político, judicial y mediático que ya quisiera para sí cualquier figura del espectáculo, dejó algunas perlitas antes de abandonar su cargo como jueza. Se encargó personalmente de sobreseer a Ángel Sarmiento por el ingreso absolutamente irregular de Darío Monge al penal pocos días antes de que este apareciera asesinado en lo que todas las evidencias apuntan como un ajuste de cuentas narco. La celeridad con la que resolvió ese sobreseimiento contrasta poderosamente con la morosidad que afecta a miles de expedientes que duermen el sueño de los justos en los cajones judiciales. Son esos pequeños detalles los que revelan una vocación de servicio verdaderamente excepcional y una sensibilidad jurídica fuera de lo común.
De Gaspar Solá no hay demasiado para decir y esa parquedad biográfica es precisamente su virtud más destacable ya que es o fue ministro de Gustavo Sáenz y eso debería bastar como credencial. Es más que obvio que comparten afinidades políticas profundas y seguramente han discutido varios proyectos en común durante el tiempo que el flamante asesor de incapaces se desempeñaba como ministro de Seguridad. Seguramente debatieron largamente sobre la independencia del Poder Judicial mientras tomaban mate en alguna reunión de gabinete ampliado en la Casa de Gobierno. Ya no caben dudas sobre la intención del gobierno de cooptar el cien por ciento del Poder Judicial antes de que suene la campana del final del mandato.
Lo que todavía no sabemos y constituye un enigma digno de la mejor novela de misterio es por qué esta gestión cuando está a punto de finalizar muestra tanta urgencia por ocupar cargos con funcionarios meramente políticos que responden al actual mandatario provincial. La pregunta flota en el aire caliente de Salta como un fantasma incómodo que nadie quiere mirar directamente a los ojos. Es un misterio que solo develará el tiempo y que ahora nos resta esperar para conocer mientras observamos con fascinación cómo la autonomía judicial se transforma en una sucursal más de Grand Bourg. La paciencia es una virtud que los salteños cultivan con resignación.
El Intra
