El sistema atraviesa una de sus peores crisis en décadas. En menos de una semana, tres provincias se han convertido en las cajas de resonancia de situaciones extremas por recortes de servicios nocturnos, cierre de empresas e inminentes aumentos tarifarios que dejan a miles de usuarios sin garantías de movilidad.
El sistema de transporte público en Salta, Corrientes y Tucumán atraviesa una de sus peores crisis en décadas. En una semana, en los tres distritos hubo recortes de servicios nocturnos, una ciudad que se quedó ómnibus y un inminente aumento del boleto mínimo. En Salta, la empresa SAETA (Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor), una sociedad público-privada bajo control estatal, suspendió el servicio nocturno desde el domingo 1 de junio, lo que dejó a miles de salteños sin colectivos entre las 23.30 y las 5.30 horas. La medida, adoptada de manera unilateral por las empresas concesionarias respondió al reclamo por una millonaria deuda que el ente estatal mantiene con las prestadoras.
La situación de SAETA no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de una política de Estado que transformó el mapa del transporte público en el país porque desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el Gobierno implementó un drástico recorte del sistema de subsidios al transporte público. Lo que antes era un esquema de coparticipación entre Nación, provincias y municipios se convirtió en una carga exclusiva para los distritos locales. En el caso de SAETA, dejó de recibir los aportes nacionales y la provincia debió hacerse cargo del sostenimiento del sistema con fondos propios. El presupuesto que llega a la empresa es, según fuentes oficiales, insuficiente para afrontar los compromisos con las subconcesionarias, los trabajadores y el mantenimiento del parque automotor. El gobierno provincial se vio obligado a subsidiar el servicio con recursos propios en un contexto de restricción fiscal, lo que profundizó el déficit acumulado y la imposibilidad de cancelar las deudas en tiempo y forma.
Los números
La crisis financiera de SAETA es estructural y viene de larga data. Las empresas subconcesionarias-—entre ellas Tadelva SRL, El Cóndor S.A., San Ignacio SRL, Ale Hnos SRL, Transal SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca S.A- advirtieron que atraviesan una «extrema complejidad financiera y operativa». Según denunciaron, SAETA solo abonó el 40% de los servicios correspondientes a abril y aún adeuda más del 60% restante, lo que dificulta el pago de combustible, proveedores y compromisos bancarios. El conflicto se agravó tras los recortes de kilómetros aplicados desde octubre de 2025 y un nuevo ajuste implementado en marzo de 2026. Según las empresas, la reducción acumulada alcanza el 12%, afectando de manera directa los ingresos previstos y el sostenimiento del parque automotor.
La deuda también alcanza a los propios trabajadores. El gremio UTA Salta reclama a SAETA una deuda cercana a los $500 millones con los choferes. El gremio analizaba medidas de fuerza mientras el conflicto escaló en estos días. Este martes 2 de junio, de acuerdo a consultas de este medio, SAETA pagó una parte de la deuda con las subconcesionarias, pero fuentes del sector indicaron que se trató de menos del 20% del monto adeudado.
La crisis explotó con la suspensión del servicio nocturno pero su estación anterior fue el aumento del boleto a $1.450 que entró en vigencia en abril -con un salto desde los $1.150 anteriores- que no logró resolver los problemas estructurales del sistema. El incremento, lejos de estabilizar las finanzas de SAETA y sus concesionarias, terminó dejando a miles de trabajadores a pie cuando las empresas decidieron cortar el servicio. La medida evidenció que el ajuste tarifario fue insuficiente para cubrir los costos operativos en un contexto de inflación y deuda acumulada.
50.000 estudiantes afectados
El impacto en el sector educativo fue inmediato y masivo. La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, confirmó que cerca de 50.000 alumnos se vieron afectados por la suspensión desde el lunes, entre jóvenes y adultos que concurren a clases en el área metropolitana. Los estudiantes de terciarios, secundario vespertino y escuelas técnicas vieron cómo sus horarios se truncaron. Y ante la imposibilidad de garantizar el regreso seguro de los alumnos, el Ministerio de Educación dispuso que las clases vespertinas finalicen a las 21.00 horas, cuando antes lo hacían entre las 23.00 y las 23.45. Las dos horas de estudio restantes se abordarán mediante educación virtual, cuadernillos y clases de apoyo. «Estamos tratando de hacer que las disposiciones impacten lo menos posible a los estudiantes, ojalá estas medidas no duren mucho tiempo», expresó Fiore en diálogo con medios.
De todos modos, numerosos estudiantes protestaron en las calles las noches de lunes y martes. Sobre los reclamos estudiantiles -incluida la sentada masiva del Instituto de Educación Superior N° 6001- la ministra dijo: «Yo no soy muy amiga de ese tipo de manifestaciones, las entiendo, pero desde Educación hacemos todo lo posible para que medidas de esta naturaleza impacten lo menos posible». Sin embargo, los propios estudiantes advirtieron que la virtualidad fue un fracaso durante la pandemia y que muchos compañeros carecen de conectividad, herramientas tecnológicas o espacios adecuados para estudiar desde sus hogares.
El centro quedó «desierto»
El sector gastronómico y hotelero salió a advertir sobre un fuerte impacto económico. Desde el inicio de la restricción a las 2.00 horas, las principales zonas comerciales mostraron un panorama de desolación inusual. Los empresarios del rubro, cuyos horarios de trabajo difieren del comercio tradicional, concretaron pedidos formales a las autoridades provinciales y exigieron que los colectivos funcionen, al menos, hasta las 2.00 AM. La falta de transporte nocturno no solo perjudicó el regreso de los trabajadores a sus hogares, sino que también destruyó la llegada de potenciales clientes durante la noche. «Hay una preocupación muy grande, el centro quedó desierto», advirtieron desde el sector.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta salió a cuestionar con dureza la medida, advirtiendo que afectaba de manera directa a trabajadores que dependen del colectivo para cumplir horarios extendidos o nocturnos. «Resulta inadmisible que se restrinja un servicio esencial bajo el argumento de dificultades financieras», señaló el gremio en un comunicado firmado por su secretario general, César Orlando Guerrero. El sindicato también denunció que, desde el jueves 29 de mayo, los recorridos de lunes a viernes ya operaban con frecuencias de sábado, lo que implicaba una reducción del 30% al 40% en la cantidad de unidades disponibles.
Bettina Romero, exintendenta de la capital salteña (2019-2023) y una figura relevante del escenario político, fue una de las primeras en alzar la voz. Cuestionó el fin de los colectivos nocturnos y calificó el servicio como «esencial y que el Estado tiene la obligación de garantizar», en diálogo con Ámbito. «Salta es la única ciudad capital de Argentina que se quedó sin colectivo nocturno», denunció, poniendo el foco en el impacto sobre trabajadores y estudiantes. «Aunque los reclamos logren que la suspensión se revierta es preciso hacer más eficiente y transparente la ejecución del presupuesto que destina la Provincia al transporte, además que quede en claro cómo se administra lo que se recauda», puntualizó. «El gobierno provincial y el municipio de la capital no pueden hacerse los distraídos, tienen representantes en el directorio de SAETA pero hicieron silencio. Nadie debe mirar para otro lado», remarcó.
La orden que destrabó el conflicto
Este miércoles 3 de junio, tras tres días de caos y creciente presión social, el gobierno provincial intimó a las empresas prestatarias a restablecer el servicio desde las cero horas de este jueves. La vocera de gobierno Paula Benavides anunció la medida en una conferencia de prensa, en la que evitó brindar precisiones sobre el pago de la deuda y se limitó a calificar la suspensión como «inoportuna, arbitraria y desacertada». «Con las necesidades de la gente no se negocia», afirmó Benavides, aunque admitió que el gobierno se tomó casi una semana para reaccionar pese a que la amenaza de corte estaba vigente desde el jueves anterior.
Corrientes: reducción de hasta el 50% de los colectivos
La crisis del transporte público en Corrientes encendió una nueva alerta en las últimas horas. La ciudad de Mercedes se quedó sin colectivos tras el cierre de la empresa Sager, por lo que ya no cuenta con el servicio urbano de pasajeros, afectando a miles de vecinos. El cierre marcó el final de una etapa histórica para el transporte urbano en esta localidad. Fuentes municipales indicaron que se analizan alternativas para paliar la ausencia de colectivos, aunque por el momento no hay una solución inmediata a la vista.
En la capital provincial la situación es igual o más crítica. Las principales empresas del sector, entre ellas ERSA y Transporte San Lorenzo, avanzaron con un drástico esquema de «horario cortado» que redujo hasta el 50% de los colectivos urbanos fuera de la hora pico, desde los primeros días de mayo, en un contexto ya marcado por suspensiones de choferes, recortes nocturnos y creciente tensión, sin respuestas por parte del gobernador Juan Pablo Valdés.
La decisión empresarial implicó que hasta más de 60 unidades dejaron de circular durante los momentos de menor demanda, concentrando el servicio en las franjas de mayor flujo de pasajeros. En la práctica, esto significa que fuera de los horarios pico los usuarios se enfrentan a una menor frecuencia de colectivos, mayores tiempos de espera y una cobertura más limitada. La medida responde, según argumentan las empresas, a la caída de la recaudación y al aumento de los costos, especialmente en combustible. El esquema también reconfigura las condiciones laborales de los choferes, que pasaron a trabajar con turnos divididos, concentrados en horarios pico. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Corrientes, señalaron que el acuerdo busca evitar despidos masivos, aunque reconocen que la situación del sector es crítica.
Este recorte de unidades llegó en un momento particularmente sensible para el sector, ya que días atrás, al menos 23 choferes fueron suspendidos sin goce de haberes por un período de 30 días, en una decisión que generó fuerte rechazo sindical. Las empresas justificaron esa medida en la crisis económica, mientras que el gremio advirtió sobre un posible endurecimiento del conflicto. Tras dos semanas de un «lockout» patronal parcial, donde los colectivos dejaron de circular o redujeron drásticamente su frecuencia durante la noche, la municipalidad de Corrientes confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias. Las compañías ERSA y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio nocturno, por lo que las unidades dejaron de funcionar desde las 22.00 y retoman su recorrido recién desde las 6.00 horas.
La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al «aumento intempestivo del gasoil» y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado. No obstante, desde la gestión municipal de Corrientes se señaló que el incumplimiento de las frecuencias pactadas por contrato derivará en sanciones económicas.
Tucumán: inminente aumento del boleto
En Tucumán, la crisis adopta otra forma: la viabilidad del sistema pende de un hilo y el aumento del boleto parece inminente. La UTA aceptó esta semana una propuesta de la Asociación Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT para evitar un paro inmediato, pero la tregua es frágil. Los choferes cobrarán el 100% de los salarios de mayo hasta el miércoles 10 de junio, aunque la discusión sobre el aguinaldo quedó postergada. «Acá tenemos que ir semana a semana, día tras día», admitió el secretario general de la UTA, César González, en una frase que resume la precariedad del sector.
El vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, fue más explícito: «El conflicto de fondo no está ni cerca de ser resuelto». Según un estudio de costos de la entidad empresaria, el boleto debería situarse en $2.400 para cubrir los gastos operativos, lo que implicaría un aumento superior al 90% respecto a la tarifa actual. Los números que maneja AETAT son elocuentes: el gasoil subió un 60% y representa un gasto adicional de $2.000 millones mensuales, mientras que el incremento salarial del 18% suma otros $1.500 millones. «¿Cómo se puede sustentar eso?», se preguntó Berretta, en contacto con este medio, quien advirtió que la licitación de las líneas urbanas no resolverá nada si se mantienen las condiciones actuales.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán analiza por estos días el pedido de aumento del boleto mínimo. En los pasillos se barajan cifras más moderadas, entre $1.600 y $1.650, que representarían una suba cercana al 30%. La viabilidad de la medida dependerá de si el oficialismo logra los apoyos necesarios para emitir un dictamen, cosa que parece difícil.
La crisis en el norte no es aislada. Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei implementó un drástico recorte del sistema de subsidios al transporte público, rompiendo con el esquema histórico de coparticipación entre Nación, provincias y municipios. La decisión dejó a los distritos locales -especialmente del interior del país- con la carga exclusiva de sostener un servicio que, en la práctica, resulta inviable sin aportes federales. A nivel nacional, el transporte público atraviesa una tormenta perfecta por la quita de los subsidios, el encarecimiento del combustible y la retracción económica que redujo la cantidad de pasajeros y pusieron en jaque la operatividad de cientos de líneas en todo el país.
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