El Juez de Garantías nº 2 de la ciudad de Salta, Ignacio Colombo Murúa ha formalizado su desistimiento del proceso de acción de amparo que iniciara a finales del año pasado, con la intención de que los tribunales de justicia declararan la nulidad de los dos concursos del Consejo de la Magistratura de Salta en los que había intervenido en calidad de aspirante a una plaza de juez en el Tribunal de Impugnación.

A través de un escrito presentado ante la Corte de Justicia de Salta, ayer día jueves 24 de febrero de 2022, Colombo ha desistido de todas las pretensiones, tanto principales como accesorias, ejercidas en el proceso de amparo.

El desistimiento se produce después de que Colombo obtuviera una sentencia favorable a sus pretensiones, que declaró la nulidad de pleno derecho de los concursos en los que el magistrado había intervenido como aspirante.

La sentencia -pronunciada por la jueza señora Lucía Brandán Valy- no solo declaró que se habían vulnerado los derechos de Colombo, sino que puso de manifiesto, con abundantes argumentos y razonamientos jurídicos, la actuación arbitraria e irregular del Consejo de la Magistratura de Salta en la tramitación de estos concursos.

Si bien esta sentencia aún no había adquirido firmeza, la sola posibilidad de que la Corte de Justicia (tribunal que debía resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes) pusiera fin a la disputa mediante un fallo no unánime, tenía bastante nerviosos a los apelantes.

Colombo explica en su escrito de desistimiento que durante la tramitación del proceso se produjo la inesperada circunstancia de que el Gobernador de la Provincia remitió a la Cámara de Senadores el pliego de los elegidos para ocupar los cargos en disputa y que la decisión motivó que su amparo -dirigido en principio a cuestionar la transparencia de los procedimientos de selección del Consejo de la Magistratura y a aclarar cuestiones relacionadas con la corrección de sus propios exámenes- se convirtiera en una acción judicial contra los colegas seleccionados libremente por el Gobernador.

En el escrito presentado ayer a la Corte de Justicia, Colombo dice que «como manifestara desde un principio en las instancias administrativa y judicial, mis pretensiones no tuvieron por objeto afectar a los demás concursantes, sino que exclusivamente estuvieron referidas a mis propios exámenes».

También deja claro el escrito de Colombo que la sentencia de la jueza Brandán Valy ha satisfecho «con amplitud» sus expectativas, si bien no menciona el hecho de que el proceso de amparo -especialmente durante la feria judicial de enero- sacó a la luz pública todas las vergüenzas del Consejo de la Magistratura demandado.

Como es sabido, este órgano constitucional ejerció su defensa en el proceso con una inusitada agresividad, descalificando no solo al demandante sino también -y en cuanta oportunidad se le presentó- a los magistrados elegidos por éste para tramitar el asunto, conforme a las normas que disciplinan la acción de amparo. El espectáculo de histeria procesal al que hemos asistido quedará, a buen seguro, inscrito con letras de fuego en los anales del absurdo judicial y servirá como lección para las generaciones venideras.

Ahora, tras el desistimiento, si bien los concursos no serán anulados como originalmente se pretendía, la sentencia de Brandán Valy ya no será corregida por la Corte de Justicia. Los jueces que integran este tribunal no se verán obligados ni a desautorizar a un juez en ejercicio ni a quitarle la razón al cada vez más irrazonable Consejo de la Magistratura. Desde este punto de vista, el desistimiento representa un formidable alivio para la alta judicatura salteña, aunque también constituye un severo toque de atención para el Consejo de la Magistratura.

En la parte final de su escrito, Colombo afirma que alberga la esperanza de que «esta acción haya sentado las bases para que, en el futuro, el Consejo actúe de un modo más transparente y justo».

Si bien las esperanzas de Colombo no son ampliamente compartidas en el seno de una judicatura cada vez más escéptica, después de su batalla judicial queda bastante claro que el cargo de consejero del Consejo de la Magistratura no atribuye automáticamente a quien lo ejerce las competencias técnicas necesarias para evaluar los conocimientos jurídicos de los candidatos, y que, más pronto que tarde, esta institución -si lo que quiere es sobrevivir- deberá contemplar, al menos, la conformación de una instancia de evaluación independiente y transparente, conformada exclusivamente por expertos, como sucede en otros países del mundo.

Fuente: noticias Iruya