Jean-Michel Bouvier declaró ante fiscales de la Unidad Especial creada para reimpulsar la investigación del doble homicidio ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.
En el marco de la nueva etapa investigativa por el doble crimen de las turistas francesas ocurrido en 2011 en la provincia de Salta, Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, solicitó a los fiscales que convoquen a declarar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al exmandatario francés Nicolás Sarkozy y al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.
El pedido fue realizado durante su extensa declaración testimonial ante la Unidad Fiscal Especial que investiga el asesinato de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24), cuyos cuerpos fueron hallados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, con evidencias de violencia extrema.
Denuncia de presiones políticas
Durante su testimonio, Bouvier sostuvo que existieron presiones políticas que influyeron en el rumbo de la investigación, lo que -según afirmó- terminó convirtiendo el proceso judicial en una «farsa policial y judicial».
El padre de la víctima relató que en septiembre de 2011 mantuvo una reunión en Francia con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una visita oficial vinculada a una cumbre del G20. Según indicó, en ese encuentro recibió un dossier con información sobre el avance de la causa, que también había sido enviado previamente.
Bouvier explicó que ese documento presentaba el caso prácticamente resuelto menos de un mes después de los asesinatos, lo que generó su sorpresa.
Además, señaló que durante ese encuentro se le mencionó que el entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, ejercía presión diplomática para que el crimen fuera esclarecido debido a su repercusión internacional.
El rol de Urtubey en la causa
En su declaración, Bouvier también recordó una conversación que mantuvo con el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien -según afirmó- le manifestó que la Casa Rosada seguía de cerca la evolución de la investigación.
Por este motivo, el padre de Cassandre pidió a los fiscales que se convoque a declarar a cualquiera de los tres dirigentes o a todos ellos, a fin de confirmar los hechos mencionados.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, es la primera vez que el aspecto de las presuntas presiones políticas queda incorporado formalmente en la causa judicial.
Reunión con el Procurador General
Tras su declaración ante los fiscales, Jean-Michel Bouvier se reunió con el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, quien escuchó durante más de dos horas sus planteos sobre el avance de la investigación.
El padre de la víctima manifestó su conformidad con el trabajo de la Unidad Fiscal Especial, creada en 2025 para revisar integralmente el caso.
La unidad está integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes trabajan en la revisión de pruebas, incorporación de nuevos análisis científicos y profundización de distintas líneas investigativas.
La investigación también avanza en Francia
En paralelo, la causa también se mueve en Francia. La denuncia presentada por Bouvier ante los tribunales de París derivó en la designación de la jueza de instrucción Emmanuelle Robinson, quien analiza medidas judiciales que podrían concretarse en los próximos meses.
Entre ellas se encuentra el exhorto internacional enviado por la Justicia salteña, que prevé el traslado de fiscales y especialistas argentinos a Francia para intercambiar información técnica y ampliar tareas investigativas.
Un caso que sigue generando controversia
El asesinato de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni tuvo una enorme repercusión internacional. A lo largo de los años, el expediente estuvo marcado por cuestionamientos, irregularidades denunciadas y decisiones judiciales polémicas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2023, anuló la condena a prisión perpetua que pesaba sobre uno de los acusados y ordenó revisar la causa. Posteriormente, el Tribunal de Impugnación dispuso su sobreseimiento definitivo.
Ante este escenario, la Procuración General de Salta decidió reimpulsar la investigación con una Unidad Fiscal Especial, que ahora analiza nuevas pruebas y líneas de investigación para intentar esclarecer definitivamente el caso.
QPS
