La diputada confesó su estrategia contra el exgobernador.

La diputada Laura Cartuccia no disimula su animadversión hacia el exgobernador. Sus declaraciones sobre la reelección del auditor son elocuentes. “Que Juan Manuel Urtubey tenga que pagar las consecuencias”, dijo sin ambages. La frase resume el espíritu de toda la operación. No se trata de controlar los fondos públicos. Se trata de castigar a un adversario político. La Auditoría General de la Provincia se convierte en un arma de persecución.

Cartuccia eligió a Ferraris por su trabajo previo. “A mí lo que me movió a elegirlo al doctor Ferraris es por el trabajo que hizo”, confesó. El auditor ya había investigado el Fondo de Reparación Histórica. Ya había “desenmascarado” la gestión de Urtubey, según sus propias palabras. La diputada necesita que Ferraris continúe esa investigación. Necesita que el expediente no se cierre. Necesita mantener viva la acusación. La reelección es el mecanismo para lograrlo.

El argumento legal es endeble. Cartuccia sostiene que Ferraris no estuvo en su función durante algunos meses. “Estuvo un par de meses, no estuvo en su función”, afirmó. “Tal vez esto lo faculta a poder ser nuevamente elegido”, especuló. La Constitución no contempla esa excepción. El artículo 169 es taxativo: los auditores duran ocho años y no pueden ser designados nuevamente. La diputada intenta crear una grieta donde no la hay. La norma es clara y no admite interpretaciones caprichosas.

El informe de la Auditoría reveló que más del 66% de los recursos del FRH quedaron bajo observación. También señaló que apenas el 48% de las obras se completó. Urtubey rechazó estas conclusiones. Denunció una operación política. Aseguró que los datos son parciales. La diputada insiste en dar por ciertas las acusaciones. No admite discusión. No permite réplica. La investigación debe continuar aunque la ley lo impida.

La reelección de Ferraris viola la Constitución Provincial. La Cámara de Diputados no puede avalar este atropello. Los legisladores tienen la obligación de respetar la norma. Cartuccia pretende ignorarla. La diputada antepone sus intereses políticos al orden institucional. La persecución contra Urtubey se vuelve más evidente con cada declaración. La ciudadanía debe estar alerta. No puede permitirse que la Auditoría se convierta en un tribunal político.

Defensa de las instituciones

Salta necesita instituciones fuertes e independientes. La reelección de Ferraris debilita ese principio. La diputada Cartuccia debe retirar su propuesta. Debe respetar el mandato constitucional. La investigación sobre el FRH ya está en manos de la Justicia. No necesita un auditor con mandato vencido. La persecución política debe cesar. Urtubey tiene derecho a un juicio justo, no a una cacería institucional.

El Intra