Un casamiento realizado en plena Quebrada de las Conchas desató una fuerte polémica en Salta y ya es investigado por la Justicia, tras la denuncia de la Municipalidad de Cafayate y la intervención de organismos provinciales.

El evento se habría realizado en el paraje La Punilla, sobre la Ruta 68, dentro de un área protegida, lo que encendió alarmas por posibles irregularidades ambientales y administrativas.

Cómo se descubrió el casamiento

El hecho tomó estado público luego de que se viralizaran imágenes en redes sociales donde se observaba una estructura montada para una celebración dentro de la reserva natural.

A partir de eso, la Municipalidad de Cafayate confirmó que radicó una denuncia para determinar si el evento contaba con autorización.

Incluso, el caso fue rápidamente replicado por medios nacionales, lo que amplificó la polémica.

Sospechas de un permiso falso

Uno de los puntos más graves del caso surgió en las últimas horas: desde la Secretaría de Ambiente de Salta advirtieron que el documento presentado como autorización podría ser apócrifo.

El propio secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada y confirmó la presentación de una denuncia penal por este hecho.

Esto elevó el conflicto a un nivel judicial más complejo, ya que no solo se investiga el evento en sí, sino también una posible falsificación de instrumento público.

La defensa de los organizadores

En medio del escándalo, una mujer identificada como propietaria de un terreno en la zona salió a defender la realización del casamiento.

A través de redes sociales, aseguró que el evento se llevó a cabo dentro de su propiedad y que contaba con los permisos correspondientes.

“¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?”, expresó, generando un fuerte debate entre quienes apoyan su postura y quienes reclaman el cumplimiento de las normas ambientales.

Un área protegida con estrictas normas

La Quebrada de las Conchas es una reserva natural protegida por ley provincial, lo que implica que cualquier actividad debe contar con evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones específicas.

Desde el municipio remarcaron que eventos de este tipo pueden generar daños como:

• alteración de la fauna por ruidos y luces
• deterioro del paisaje
• erosión de formaciones geológicas
• contaminación del entorno

Las autoridades insistieron en que el objetivo de estas normas es preservar uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La postura del municipio

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, fue quien impulsó la denuncia y solicitó la intervención de la Justicia y de la Policía.

Desde el municipio aseguraron que existieron consultas previas por parte de los organizadores, pero que no se completaron los trámites formales exigidos para habilitar el evento.

Repercusiones y debate social

El caso generó indignación en sectores ambientalistas y vecinos, que cuestionaron la falta de controles en un área protegida.

También abrió un debate más amplio sobre:

• el uso de propiedades privadas dentro de reservas
• los límites entre lo privado y lo ambiental
• el control estatal en zonas protegidas

Incluso, el tema ya llegó a la agenda nacional como un ejemplo de conflictos en áreas naturales.

Qué puede pasar ahora

La Justicia deberá determinar:

• si el evento fue autorizado o no
• si el permiso presentado es falso
• si hubo responsabilidades penales o administrativas

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión y podría derivar en sanciones económicas o penales para los responsables.